El canciller Trujillo reiteró que todo lo que está firmado en el acuerdo se da conforme al mandato que entregó la Asamblea General de las Naciones Unidas a la agencia cuando fue creada
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Luego de las críticas de algunos sectores al Gobierno nacional por las supuestas modificaciones que se le habrían hecho al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo salió a defender la actuación del Gobierno y reiteró el propósito del Ejecutivo de que la oficina haga presencia en el país.

Según dijo Trujillo, “la Oficina nació en el 96. Había que actualizar el acuerdo. Eso se hizo tras conversaciones con la alta comisionada. Lo que esto refleja es la voluntad del Gobierno para que la Oficina continúe en Colombia. Esa presencia en el país tiene lugar a invitación del Gobierno para que la prorroga tenga un periodo de 36 meses. Por eso era necesario actualizar los términos del acuerdo, respetando el mandato de los estados miembros de las Naciones Unidas y dejando claro las actividades y funciones que puede hacer la oficina de acuerdo con ese mandato”.

Trujillo reiteró que todo lo que está firmado en el acuerdo se da conforme al mandato que entregó la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina cuando fue creada. Según el Ministro, “la propia vocera de la Oficina de la Alta Comisionada se refirió a ese punto en concreto. Las explicaciones las dio la propia vocera. Lo fundamental es que esto concreta la voluntad del Gobierno de que la Oficina continúe en Colombia. Todo lo que aquí está contemplado es satisfactorio para la Oficina”.

Tras la firma, Bachelet se congratuló “de que hayamos podido finalizar este acuerdo. Y agradezco al Gobierno de Colombia por la buena voluntad y la cooperación que ha demostrado durante todo el proceso”.

“La Oficina en Colombia es una de las más antiguas y más eficaces que el Alto Comisionado tiene en el mundo, y este acuerdo es un reconocimiento mutuo del gran papel que ha tenido en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país en los últimos 22 años. También nos permitirá seguir implementando las responsabilidades específicas de mi Oficina previstas en el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc”, anotó.

Refiriéndose a los cambios, la Oficina sostuvo a través de un comunicado que “el nuevo acuerdo refleja los importantes cambios que han tenido lugar en Colombia desde que se firmó el acuerdo relativo al establecimiento de la Oficina en el país en 1996, y desde que empezó a operar oficialmente en abril de 1997. Además de la sede en Bogotá, actualmente existen 15 oficinas auxiliares en distintos lugares del país. El acuerdo firmado permite a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguir implementando en pie de igualdad todos los aspectos de su mandato mundial, es decir, la cooperación y la asistencia técnica, así como el monitoreo, la presentación de informes y la promoción de los derechos humanos”.

“Voluntad de renovar”

El ministro Trujillo fue enfático en decir que el Gobierno siempre tuvo voluntad de renovar el acuerdo con la Oficina saliéndoles al paso a las críticas que sostenían que el Ejecutivo buscaba dejar al país sin la presencia de la ONU para los Derechos Humanos.

Reiteró que “la Oficina existe en Colombia por invitación del Gobierno. Esa Oficina se creó en 1996 y a iniciativa del gobierno del presidente Duque, 23 años después, continuará presente en Colombia. Siempre existió el propósito de prorrogar la estadía de la Oficina por la importancia que tiene su presencia en materia de asesoría, cooperación y para cumplir los objetivos de seguimiento e información”.

El canciller Trujillo sostuvo que la renovación por 36 meses del mandato obedece a que “este es el periodo durante el cual el Mandatario dirigirá los destinos del Estado colombiano, esto como parte del reconocimiento de la cooperación del gobierno de Colombia y de su colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Además Trujillo aseguró que el mandato de la Oficina, como tal, fue definido en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la creó en 1993. “Esto lo subrayo para decir que el mandato ya fue definido por los estados miembros de la organización de Naciones Unidas y tiene que ver con las tareas de cooperación y asesoría que se recogen en el acuerdo. Fue un proceso muy productivo que se adelantó en un ámbito de comprensión y constructivo que condujo a que se firmara con la señora alta comisionada”.

Las críticas

Tras la firma del acuerdo se expusieron en redes sociales críticas a los términos en que fue firmado el documento.

Una de las críticas más fuertes es que el acuerdo no contenía la expresión conflicto armado interno, lo que negaba la situación actual del país. Cabe anotar que la definición de conflicto está determinada por los Convenios de Ginebra, unos acuerdos internacionales a los que está suscrito Colombia.

Otra crítica que recibió el convenio es que los pronunciamientos oficiales sobre la situación de derechos humanos se hagan desde la Oficina a través de la Alta Comisionada, quitando la posibilidad que los haga la Oficina en Colombia, lo que para algunos implica un filtro para los pronunciamientos del organismo.

La Oficina ha sido crítica con todos los gobiernos de la región lo que no implica necesariamente que va a haber un veto. Además el canciller Trujillo reiteró que la Oficina de la ONU podrá seguir recibiendo información de las fuentes que estipule convenientes para hacer su trabajo de seguimiento y protección de los derechos humanos en el país.