Según HRW, el comandante Nicacio de Jesús Martínez pagó $1 millón a un informante por operaciones en la que murieron dos civiles que se hicieron pasar como guerrilleros

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Nueve de los más altos oficiales del Ejército colombiano, entre los que se encuentra su Comandante, el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fueron señalados por la ONG Human Rights Wath (HRW), de estar vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como ‘falsos positivos’.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, reveló desde Washington un informe según el cual contra los oficiales “existen evidencias creíbles” de estar vinculados a estos delitos, y agrega que “por lo menos tres de ellos están siendo investigados” por la Fiscalía General de la Nación que, además “investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis”.

El documento, que obviamente fue desmentido por el Ministerio de Defensa y el propio Ejército, señala que “las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló Vivanco, quien de paso advierte que “al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Según HRW, sus propias investigaciones se basan en decenas de documentos, sentencias judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General y del propio Ejército que, “han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios”.

Al respecto, la ONG, una de las más influyentes del continente- advierte que “los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”.

“Creo en la presunción de inocencia”

Frente a los señalamientos el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, defendió la presunción de inocencia de los nueve altos oficiales del Ejército señalados por HRW así como el proceso que se surte para sus ascensos.

El Ministro recordó que a los altos oficiales “se les hace una revisión completa de todas sus actuaciones, pasan por diferentes filtros, sus hojas de vida son puestas a consideración del Congreso de la República y su desempeño también es tenido en cuenta para definir los ascensos”.

No obstante, Botero Nieto reconoció que dos de los generales mencionados por la ONG se postularon a la Justicia Especial de Paz: son ellos el general Miguel Eduardo David Bastidas y el general Diego Luis Villegas Muñoz. “Hay que recordar que la JEP es una jurisdicción obligatoria y preferente para los militares”, señaló el Ministro.

En el caso del general Martínez, comandante del Ejército, el Ministro de Defensa entregó a los periodistas los certificados de Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional -antecedentes penales- que demostrarían que el oficial “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios y Resolución de Conflictos (Cerac), consideró que estas denuncias de HRW “al parecer son nuevas”, es decir que se trataría de nuevos hechos de ‘falsos positivos’.

“Lo que creo es que deben ser la Fiscalía General y la JEP quienes deben pronunciarse y decirle a la opinión pública si, efectivamente, contra estos oficiales hay procesos en curso”, dijo.

También agregó el experto que “hace falta una política pública” con relación a temas como ascensos de altos oficiales, de decirle con prontitud al país si algún oficial está vinculado a ‘falsos positivos’ y qué puede pasar en esos casos con la carrera militar de estas personas.

Mientras, el exconsejero de Seguridad Nacional, Armando Borrero Masilla, asegura que los oficiales señalados antes no habían sido vinculados a ‘falsos positivos’. “No sé qué tan nueva pueda ser esta información ni si es una denuncia recurrente”.

Eso sí, el experto advierte que este tipo de informes, “con razón o sin razón”, ponen un manto de duda sobre toda la cúpula del Ejército.

A su turno, el analista John Marulanda recibe este informe “con mucho escepticismo”, pues dice que se basa en documentos del Colectivo José Alvear Restrepo, “el mismo que creó un montaje con falsas víctimas de Mapiripán, y eso ya de por sí deja muchas dudas”.

Además, dice, el mensaje “es muy desmoralizante para la institución castrense, que goza de mucho prestigios entre los colombianos”.

De acuerdo con Marulanda, “llama la atención” que este informe se divulgue “justo ahora que la crisis en Venezuela puede traer serias consecuencias para Colombia”.

 

 

Generales mencionados por HRW

 

El informe de la ONG HRW afirma que “existen denuncias creíbles” de que los siguientes Generales del Ejército tendrían vínculos en casos de ‘falsos positivos’:

- General José Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército.

- General Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza.

- General Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas.

- General Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

- General Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.

- General Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles.

- General Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.

- General Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada.

- General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Décima Tercera Brigada.

 

Esta es la comunicación completa de HRW:

 

 

Respuesta del Ministerio de Defensa

La cartera de Defensa publicó certificados de Contraloría, Policía y Procuraduría que demuestran que el comandante Martínez del Ejército "no está reportado como responsable fiscal", ni tiene sanciones o inhabilidades vigentes. Mientras que la Policía dice que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.