El gobierno colombiano reiteró este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su total compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Farc, hoy convertida en partido político.

En su intervención, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barberi, se refirió a diferentes aspectos de los acuerdos entre ellos a la protección de los excombatientes.

En ese sentido dijo que se ha articulado la acción de 15 organismos diferentes para fortalecer esa labor, y dijo que con corte a 8 de julio, la Fiscalía colombiana ha avanzado en la investigación de 146 de los 294 crímenes registrados desde la firma del acuerdo contra excombatientes y sus familias.

“Esto representa un avance en el 49,7% de los casos. Se han emitido 198 órdenes de captura por homicidio, intento de homicidio y desaparición forzada, de las cuales 51 corresponden a los instigadores identificados. Así como 27 sentencias contra los responsables de estos crímenes, condenados hasta el momento”, dijo la canciller.

La funcionaria consideró que estos hechos “están relacionados con la complejidad del entorno y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal”.

También se refirió a la reducción de cultivos ilícitos y la sustitución para las comunidades. “Según el último informe del Sistema de Monitoreo de ONUDD, en 2019 Colombia logró una reducción del 9% en el área sembrada de coca. Fue el segundo año con una disminución del área. Colombia no logrará la paz anhelada si estas economías ilegales siguen siendo rentables. La cooperación y la corresponsabilidad internacional es esencial para enfrentar este problema”, insistió.

No obstante, la ministra insistió en la necesidad de que la Misión de Verificación de la ONU exija a los exFarc el cumplimiento de la entrega de información relativa a: las rutas del narcotráfico; la localización de personas desaparecidas; la entrega de bienes que contribuyan a la reparación de las víctimas; el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos disidentes; y la localización de minas terrestres, entre otros.

Por ello afirmó que “el éxito de la justicia transicional depende en gran medida de que ésta garantice los derechos de las víctimas, en particular los derechos a la justicia, la verdad y la reparación”.

La canciller Blum concluyó con una alusión al ELN, que en días pasados propuso un cese el fuego bilateral.

“El Gobierno reitera enérgicamente que esta supuesta voluntad de paz debe traducirse en acciones concretas del ELN, como la liberación de todas las personas secuestradas y el cese de cualquier acto delictivo.