En un comunicado a la opinión pública, el partido Conservador, del cual Gómez Hurtado fue miembro, manifestó su preocupación por los efectos que podría tener el hecho de que exjefes de las Farc hayan admitido su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

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Uno de los puntos en los que hace énfasis este documento es que tras 25 años del asesinato, la justicia no haya aún determinado culpabilidad a nadie. Esta impunidad la extienden, así mismo, a las denuncias que en su momento hizo Gómez Hurtado.

Es por esto que solicita a las autoridades competentes que se profundice en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este magnicidio. Esto debería conducir a sanciones para los culpables. 

El partido advierte sobre un riesgo que podría generar la autoincriminación de los exmiembros de esta guerrilla. Dentro de los riesgos  está que "puedan obstaculizar, en incluso impedir, la continuidad y conclusión de los procedimientos judiciales actualmente en desarrollo", afirma.

Por ello llama a las instancias de la JEP a que evalúen con gran rigor las versiones de las cuales han tenido conocimiento. 

En el comunicado, el partido rechaza el "intento de instrumentalización de los componentes del Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en beneficio de oscuros intereses y para fines totalmente contrarios  a aquellos a los cuales deben servir".

Lozada debe renunciar

Por otra parte, el Gobierno nacional le pidió ayer a la justicia transicional revisar si el senador Julián Gallo puede seguir ocupando curul en la Cámara alta tras confesar que ejecutó el crimen de Gómez Hurtado atendiendo a una orden del secretariado de las Farc.

Según explicó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, “el Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al acuerdo de paz, le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que de acuerdo con  lo consagrado en la Ley Estatutaria de la misma, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer”, dijo.

En su criterio, no obstante, el Gobierno no tendría que hacer dicha solicitud pues “entendemos que algo tan grave como lo que acaba de reconocer el senador Lozada (Julián Gallo) es que la JEP de inmediato debe aplicar la ley y tomar una decisión sobre esa compatibilidad en la continuidad en el cargo”, afirmó Ceballos.  

Pero el propio Lozada consideró que no tiene “ningún conflicto ético o moral” que le impida continuar en el Legislativo”, y que su único deber es con las víctimas, que merecen saber la verdad”.

Pero otras reacciones se conocieron tras la confesión de Lozada. Desde el Centro Democrático el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza expresó: “lo dicho, Lozada es quien se echa la culpa del magnicidio de Gómez Hurtado. Los demás convenientemente muertos: ‘Jojoy’, que la ordenó, ‘Tirofijo’, que habría confirmado la orden, y los cuatro guerrilleros que la habrían ejecutado”.

Mientras, la senadora Paloma Valencia dijo que “Farc no ha dicho la verdad y se ha silenciado sobre secuestros, masacres, violaciones y reclutamiento, pero sí se atribuye el magnicidio del doctor Álvaro Gómez; quieren usurpar una investigación”.

Y el senador Ernesto Macías añadió que “integrantes del brazo político Farc, no debieron ir al Congreso antes de pagar por sus crímenes de lesa humanidad. El de La Habana fue el peor acuerdo posible”.

En contraste, por los lados del Partido de la U el senador Roy Barreras señaló “la declaración de Julián Gallo estremeció al país porque la verdad de la guerra es estremecedora. Gracias al acuerdo de paz por vez primera se esclarece un magnicidio. Que el comisionado Ceballos sugiera que salga de la curul es pura ignorancia sobre la Justicia Transicional”.