Oficialismo y oposición, los más afectados; pero independientes no se salvan, revela informe de Fundación Paz y Reconciliación

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A menos de un mes y medio de las elecciones regionales, el fenómeno de la rudeza crece en intensidad y volumen, según el Tercer Informe de Violencia Electoral de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) divulgado ayer.

Desde el 27 de octubre de 2018, fecha de inicio del calendario electoral, al 9 de septiembre de 2019, Pares ha registrado 173 víctimas en 116 hechos victimizantes.

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Comparado con las cifras registradas en el segundo informe de violencia política, este tercer documento que corresponde al periodo del 15 de julio al 9 de septiembre de 2019, mostró una variación creciente equivalente al 34,10%, lo cual se traduce en un pico estadístico solo comparable con el mes de febrero, cuando se registraron 25 víctimas y 12 hechos.

En otras palabras, de los 20 asesinatos selectivos que se han presentado durante los 10 meses del calendario electoral, el 35% (siete) han ocurrido en los últimos dos meses.

Para Pares, esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios.

Tal y como se ha venido haciendo en los últimos dos informes publicados por Pares en el marco del actual proceso electoral, este tercer informe de violencia y dinámica política describió la variación de las cifras a partir de la última fecha de publicación, es decir el 15 de julio de 2019, y analizó el acumulado de casos desde el inicio del calendario electoral con corte al 9 de septiembre de 2019.

Así mismo, es importante mencionar que en la investigación se define a la violencia electoral como una subcategoría de la violencia política enmarcada temporalmente en el desarrollo de las elecciones, y que es ejercida en contra de individuos o colectivos con el fin de afectar el ejercicio de sus derechos políticos.

De acuerdo con esto, se han registrado hechos en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos, miembros de partidos o movimientos políticos y personas denunciantes de casos de corrupción que han sido victimizadas por ejercer control sobre dinámicas o grupos políticos corruptos.

El informe concluyó, en primer lugar, que los sectores políticos más afectados siguen siendo los de oposición y coalición de gobierno, que son quienes han mostrado el potencial de crecimiento más fuerte en las elecciones de octubre 27. No obstante, durante los últimos meses se han presentado varios hechos en contra de personas pertenecientes a partidos independientes.

Otra conclusión es que la violencia electoral se ha venido recrudeciendo y materializándose en acciones más individualizadas y letales. Esto podría estar relacionado con la etapa del proceso electoral, pues los partidos ya cuentan con candidatos oficiales, lo cual hace que los liderazgos sean más visibles, identificables e implica disputas con mayores niveles de presión. De los 20 asesinatos registrados, 16 han sido en contra de candidatos o precandidatos.

En tercer lugar, la violencia electoral continúa ejerciéndose como un mecanismo de competencia política y sobre todo afecta a liderazgos de carácter local.

Además, algunos de los lugares que encabezan las estadísticas no han sido históricamente afectados por el conflicto armado. Estos son los casos del Valle del Cauca y La Guajira.

Una quinta apreciación es que la identidad de gran parte de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer. Esto aplica para el 71% de las víctimas. Desde julio esta cifra ha crecido un 25,51%.

Finalmente, desde el 27 de octubre de 2018 la violencia electoral se ha concentrado en los mismos departamentos sin mucha variación geográfica o cambio en las tendencias. En particular en el Valle del Cauca (caso más crítico en la actualidad), La Guajira, Tolima, Cauca y Antioquia.