Dos proyectos sobre los que puso su lupa el organismo de control son la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, cuyas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, lo que genera un hallazgo fiscal por $2.828 millones, y el asfaltado en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

Con el fin de evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte, educación y vivienda en el Huila, la Contraloría realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con estos recursos, y ejecutados por la Gobernación del Huila y los Municipios de Aipe, Pitalito, Saladoblanco, Acevedo, Yaguará y Empresas Públicas de Yaguará.

El informe de la Contraloría presenta el análisis realizado en el primer semestre durante el proceso de auditoría a los 18 proyectos seleccionados, cuya inversión total asciende a los $145.119 millones.

Uno de los hallazgos que más llama la atención es el que tiene que ver con el proyecto de construcción de la Plazoleta Lúdica y el Ágora en el municipio de Aipe, cuyo contrato de obra se celebró el 23 de diciembre de 2015, por valor de $ 2.587 millones, con un plazo de ejecución de seis meses.

Actualmente este contrato se encuentra con un porcentaje de ejecución financiera del 73,36% y un porcentaje de ejecución físico estimado del 75%.

Durante la actuación especial, la Contraloría encontró que la planeación en la etapa pre contractual por parte del ente territorial fue deficiente, al no tenerse en cuenta todas las determinantes físicas del predio.

Así mismo, durante el proceso de elaboración del presupuesto oficial no se hizo un adecuado cálculo de cantidades de obra, y no se adelantó una completa identificación de todos los ítems necesarios para ejecutar la meta física de la obra.

Por otra parte, el desempeño de la supervisión, la interventoría y el contratista, resultó deficiente y negligente en la etapa contractual, al permitir la suscripción de cinco adiciones en el plazo contractual, y seis suspensiones de la obra, que conllevaron un retraso en el plazo de entrega original de seis meses.

Lo que más preocupa, sin embargo, es que, al evaluar el estado de ejecución del contrato, se concluye que estas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, sin ninguna intervención por parte del contratista ni la presencia de personal de interventoría, por lo que no se ha cumplido con el objetivo general del proyecto, lo que resulta en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 2.828 millones.

El 3 de noviembre de 2015 la Gobernación de Huila suscribió el contrato de obra No. 1046 de 2015, con la Unión Temporal Obando 2015, por valor de $11.642 millones, con fecha de inicio del 15 de diciembre de 2015 y plazo de ejecución de 12 meses, con el objeto de pavimentar tramos de la vía San Agustín-Obando.

Actualmente, este contrato se encuentra suspendido, con una ejecución física del 36,19% y un porcentaje de ejecución financiera del 39,17%, presentando un atraso de 33,61% según lo programado.

Durante las visitas técnicas realizadas por la Contraloría, se identificó un peligro latente de accidentalidad vial que se puede presentar para los vehículos y transeúntes que recorren la vía, con el riesgo permanente de caída al vacío por la falta del relleno estructural para el muro de contención, el cual está construido parcialmente en algunos tramos.

Así mismo, se observa a lo largo de la vía que los taludes cortados a margen izquierdo han generado derrumbes, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y un potencial cierre de la vía.

Según el informe de la Contraloría, algunos ítems pendientes de ser ejecutados y cumplidos en su totalidad, fueron cobrados conforme al anticipo. Así mismo, no se respetó el cronograma de obra, dilatando por meses la ejecución del proyecto, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Adicionalmente, se destaca el riesgo de vencimiento de los permisos de aprovechamiento forestal, intervención de cauce, y permiso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.