Por 4.114 hechos delictivos en el marco del conflicto armado fueron imputados el jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, y 245 postulados más del Bloque Central Bolívar (BCB).

Así lo anunció ayer Paola Andrea Meneses, fiscal delegada Contra la Criminalidad Organizada, quien precisó que los hechos que se le atribuyen a esta estructura, cometidos entre 1994 y 2006, dejaron más de 5.700 víctimas en al menos 11 departamentos.

Tras un año y medio de audiencias ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación culminó la etapa de formulación y aceptación de cargos en el proceso que adelanta en contra Pérez y los 245 postulados.

La Dirección de Justicia Transicional, a través de los fiscales encargados de investigar los hechos cometidos por el BCB de las Auc, busca garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para más de 5.700 víctimas.

Entre el 17 de enero de 2019 y el 10 de julio de 2020, la Fiscalía formuló 4.114 cargos a los postulados, por delitos cometidos entre 1994 y 2006, en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Caldas, Risaralda, Huila, Caquetá, Nariño, y Putumayo.

Cronología

En febrero y mayo de 2019, la Fiscalía formuló 1.181 cargos por los delitos de exacciones (787), desplazamiento forzado (74), desaparición forzada (50), homicidio (231), otros delitos (29), todos cometidos en el departamento de Santander, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006.

Otro despacho, entre mayo, julio y septiembre de 2019, formuló 622 cargos por los delitos de desaparición forzada (182), desplazamiento forzado (182), homicidio (236), violencia basada en género (45), reclutamiento ilícito (21) y otros delitos (11), perpetrados en los departamentos de Bolívar (1998 a 2006) y Antioquia (1997 a 2005).

También, en septiembre de 2019 y marzo de 2020, la Fiscalía formuló 1563 cargos por los delitos de homicidio (775), desaparición forzada (165), desplazamiento forzado (392), secuestro y otros (149), reclutamiento ilícito (3), exacciones y apropiación de bienes protegidos (60), violencia basada en género (19) y desaparición forzada (16), ejecutados en los departamentos Santander, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Nariño, así como en Risaralda, durante abril de 1994 y diciembre de 2005.

Además, en los meses de marzo y mayo de 2020, el ente investigativo formuló 234 cargos por los delitos de desaparición forzada (74), homicidio (92), desplazamiento forzado (34), violencia basada en género (1), reclutamiento ilícito (2), tortura (10), otros delitos (18) y componente de verdad (3), cometidos en los departamentos de Caquetá y Huila, desde agosto de 1997 hasta el 15 de febrero de 2006.

Por otra parte, durante los meses de mayo y julio de 2020, un fiscal delegado formuló 514 cargos a postulados del Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, por hechos relacionados con: homicidio (345), desaparición forzada (115), desplazamiento forzado (20), violencia basada en género (19), reclutamiento ilícito (1) y otros delitos (14), en los municipios de Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Mocoa y Villa Garzón (Putumayo), de abril de 1999 a marzo de 2006.

Algunos hechos

Dentro de los casos que aceptaron los postulados durante las diligencias judiciales se encuentra la incursión a la vereda El Piñal, ocurrida el 7 de agosto de 1999 en la citada vereda, ubicada en el corregimiento San Luis del municipio de Simití (Bolívar). Este hecho dejó como consecuencia a seis personas muertas y 18 grupos familiares desplazados, compuestos por 73 personas aproximadamente, entre niños, mujeres y hombres.

También está entre los hechos procesados el desplazamiento de profesores del municipio de Leiva, Nariño, ocurrido en septiembre de 2002, cuando el comandante del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño profirió amenazas contra ocho docentes, quienes fueron declarados objetivos militares por su supuesta militancia en el partido Unión Patriótica (UP). Tal situación obligó a las víctimas a solicitar la mediación de la Gobernación de Nariño, entidad que dispuso el traslado de las mismas, a la ciudad de Pasto.

Además está el atentado a una iglesia cristiana ocurrido el 4 de septiembre de 2004 en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Este hecho dejó como consecuencia tres muertos, 14 personas heridas y una víctima de desplazamiento forzado.