En decisión de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años al exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, por actos de corrupción en contratos financiados con recursos de valorización, luego de realizar pactos ilegales con el esposo de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, antecesora de Álvarez.

Quiere decir que, si la decisión disciplinaria se confirma en segunda instancia, Álvarez no podría ejercer ningún cargo público ni tener contratos con el Estado durante dos décadas.

En 2015, Álvarez fue elegido como alcalde de Armenia con aval del Partido Liberal. No terminó su mandato porque en mayo de 2018 la Fiscalía le imputó los cargos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Ante la gravedad de las acusaciones, Álvarez fue capturado y en julio, desde la cárcel, renunció a la Alcaldía. 

En septiembre siguiente, la Fiscalía acusó a Álvarez de su presunta participación en la apropiación de recursos provenientes de los contratos de construcción de vías y puentes financiados con recursos obtenidos por concepto de valorización, es decir conductas penales que ahora tienen implicaciones disciplinarias. Recobró la libertad la semana pasada por vencimiento de términos, pero sigue vinculado al proceso.

Corrupción

En la providencia disciplinaria, la Procuraduría precisó que estableció que también se realizaron actos de corrupción en la celebración de contratos en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia y en Amable (Sistema Estratégico de Transporte Público), que el exalcalde Álvarez autorizó como presidente de las juntas directivas de las entidades.

Durante su gestión, consideró la Procuraduría, Álvarez firmó contratos sin el requisito de las exigencias legales, además de incurrir en concierto para delinquir, en el polémico caso de la contratación de las obras de valorización de Armenia, donde la ciudad perdió una suma millonaria, superior a los $25.000 millones.

La Procuraduría resolvió declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado a Álvarez, declarándolo disciplinariamente responsable y sancionándolo con las medidas ya señaladas.

Al darse a conocer la providencia, la defensa informó que procederá a interponer recurso de apelación.

Según la Fiscalía, en el curso de la investigación obtuvo confesiones, testimonios, documentos y material fílmico que evidenciaron un acuerdo suscrito por Álvarez, siendo candidato a la Alcaldía, y Francisco Javier Valencia, esposo de la exalcaldesa de Armenia, en el que garantizarían el ingreso de $6.000 millones a su campaña.

Al parecer, la suma pactada para la financiación del proyecto político provenía de los anticipos de los contratos de obra y tendrían que ser restituidos al contratista Fernando Diez, a través de contratos que deberían adjudicarse al recibir la administración de la ciudad. Para respaldar este compromiso, fueron firmados cuatro pagarés por parte del alcalde Álvarez.

Pactado

Los investigadores de la Fiscalía dedujeron que todo el supuesto andamiaje de corrupción se habría pactado en agosto de 2015, dos meses antes de la elección popular de Álvarez.

La exalcaldesa Valencia fue condenada en agosto de 2019 a seis años y cinco meses de prisión por el mismo caso, luego que la defensa de la exmandataria y la Fiscalía llegaran a un preacuerdo de aceptación de cargos, que fue admitido por un juez de Armenia.

Valencia fue multada, además, con poco más de $41 millones e inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.

La Fiscalía le imputó a la exalcaldesa Valencia los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica agravada en documento público, concierto para delinquir y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Los cónyuges de los exmandatarios Valencia y Álvarez también afrontan líos judiciales.

Hace un mes, la Fiscalía le imputó a Luz Patricia Loaiza, esposa de Álvarez, el delito de tráfico de influencias de particular ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Armenia.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 25 de abril de 2016 cuando Loaiza, aprovechando su calidad de primera dama de Armenia, al parecer le pedía al ya mencionado contratista Diez, quien ya fue condenado, dinero para supuestas obras sociales.

Al parecer, este dinero era consignado por Diez a cuentas de amigos y terceros de Loaiza para que no existiera vínculo alguno que los relacionara, pues él habría sido a quien su esposo le autorizó un desembolso de recursos públicos derivados del contrato 031 de 2015 entregándole las interventorías derivadas del mismo.

Según el contratista, el dinero entregado a Loaiza era destinado para que le ayudará a facilitar los encuentros y decisiones con Álvarez.

En cuanto al esposo de la exalcaldesa Valencia, en julio de 2019 fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación en concurso con concierto para delinquir.

En la misma decisión a Valencia se le impuso una multa de $6.300 millones y la inhabilidad para ejercer cargos públicos o ser contratista del Estado.

Según lo establecido en la investigación, las anomalías detectadas habrían iniciado en 2014 cuando la entonces alcaldesa Valencia le presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización, con un monto de $100.000 millones.

El marido de la Alcaldesa habría recibido dádivas para adjudicar a un solo grupo de contratistas los planes de construcción de obras por concepto de valorización. En esa actuación ilícita, al parecer, se apropiaron de $12.000 millones.