El 15 de enero de 2018 se posesionaron 30 de los 38 magistrados y el fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero fue solo hasta el 15 de marzo que el organismo de justicia transicional abrió oficialmente sus puertas al público (aunque ya para esa fecha 7.392 personas se habían acercado para manifestar su propósito de someterse).

Esta efeméride, que se celebrará dentro de ocho días, llega en medio de voces, como la del expresidente Álvaro Uribe, que claman que “la JEP debe ser eliminada”.

La polémica siempre ha sido el contexto en que los magistrados de la JEP han hecho su tarea en estos dos años. Basta recordar casos como el de Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’.

Pero esta vez, la controversia ha surgido por dos temas: la amnistía a Marilú Ramírez y las críticas de las víctimas de los secuestros de las Farc. Y está pendiente lo que pase con la petición de los hermanos Samuel e Iván Moreno, así como la madre de ellos María Eugenia Rojas, para ser tenidos como terceros del conflicto respecto de los aportes que dicen que pueden hacer sobre la dictadura del general Gustavo Rojas.

‘Mata Hari’

La semana pasada la JEP decidió otorgarle una amnistía a Ramírez, quien fuera la encargada de la inteligencia y las comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc y que se ganó en los medios el remoquete de la ‘Mata Hari’ luego de infiltrarse como estudiante en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá para suministrar información determinante para la comisión de un atentado con carrobomba ejecutado el 19 de octubre de 2006, acción que dejó como resultado 23 personas heridas.

El hecho motivó la airada protesta de Uribe y sus seguidores, pero también de la Procuraduría, que a través de un comunicado anunció la apelación de la decisión argumentando que no se puede desconocer que el carrobomba estalló en una escuela de formación militar pero universitaria, esto debido a que en el lugar también se encuentra la Universidad Militar Nueva Granada.

También se pronunció el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (CGA) pidiéndole a la JEP revisar la decisión alegando que “todos los delitos de lesa humanidad, como los de tipo terrorista, son una violación al Derecho Internacional Humanitario”.

Víctimas

Un total de 272 afectados hicieron comentarios a declaraciones que dieron desmovilizados de las Farc en el marco del caso 01 sobre secuestro, en los que la mayoría manifestaron su desacuerdo con lo afirmado por los desmovilizados, pues consideran que quieren evadir su responsabilidad, así como “maquillar” la gravedad y la crueldad de lo ocurrido.

Sin duda, la situación presentada es de la mayor importancia porque no son en este momento los sectores políticos que tradicionalmente han alimentado el coro contra la JEP, sino que ahora son las víctimas que al conocer las declaraciones de los excombatientes sienten que se está escamoteando la verdad.

Por ejemplo, el general retirado Luis Mendieta advirtió “que no están diciendo ni aportando nada de verdad. Por el contrario, se van por las ramas. Pareciera que todo fuese un libreto. Están justificando su accionar y creo que aquí están ofendiendo gravemente la dignidad de las víctimas”.

Por su parte los cuatro hijos del excanciller Fernando Araújo Perdomo le pidieron en una misiva a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ser declarados víctimas.

"Las Farc no solo pretenden justificar uno de los más lesivos crímenes, sino que con desvergüenza y cinismo pretenden desestimar sus actos crueles hacia sus víctimas, en este caso hacia nuestro padre, aduciendo que le mantenían limpia la sabana", dicen los Araújo en la misiva.

Es oportuno destacar que las quejas no provienen solo de las víctimas de las Farc. También las familias de los afectados por las ejecuciones extrajudiciales (los mal llamados falsos positivos) han expresado su descontento ante la JEP en el caso de la declaración que ha rendido hasta el momento el general retirado Mario Montoya, pues consideran que  no quiere aportar a la verdad, al manifestar que no sabe nada de estos hechos.

Balance

Sin embargo, en enero, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, destacó que el año pasado la justicia transicional profirió 16.500 decisiones judiciales y realizó  82 audiencias. En el marco de los siete macrocasos que ha abierto la Sala de Reconocimiento, se recibieron 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. En el Caso 01, sobre secuestro, se rindieron seis versiones colectivas, en las que participaron 350 comparecientes, exintegrantes de las Farc.

Al concluir el 2019, un total de 12.235 personas se habían sometido a la JEP (9.720 exFarc, 2.431 de la Fuerza Pública, 72 agentes del Estado diferentes a Fuerza pública y 12 por protesta social). Asimismo, la JEP estudiaba las solicitudes de sometimiento de 916 terceros y agentes del Estado diferentes a Fuerza Pública.

Por otra parte, la Sección de Revisión de la JEP rechazó 52 solicitudes de garantía de no extradición (contemplada en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política), concedió una y negó otra.

Linares sostuvo entonces que “lo avanzado hasta hoy nos permite decir que paulatinamente contribuiremos a esa verdad hasta ahora esquiva. Esa verdad que también ha sido víctima emergerá para dignificar a las víctimas, para aliviar su dolor, para que todos evitemos que se repita, para que rompamos la barrera que impide que nos enfrentemos a un dolor inadmisible e irrepetible”.

Sobre la JEP, el exmagistrado Jaime Arrubla le dijo por esos días a EL NUEVO SIGLO que “sigo pensando que era una jurisdicción que no era necesaria, que la justicia transicional la pudieron haber cumplido perfectamente los jueces ordinarios, como sucedió con el proceso anterior y nos hubiéramos ahorrado una gran actividad presupuestal”.

Arrubla cuestionó que “todo el mundo quiere pegarse a la JEP buscando beneficios. Penas más cortas, penas sustitutivas. Obviamente eso es mejor para el victimario, pero peor para la víctima, porque no se opera una real satisfacción de la expectativa de castigo esperado. Hemos visto que todos los condenados de este país han querido acogerse a la JEP”.