La JEP confirmó el arresto de dos prominentes funcionarios del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda y Germán Carlosama, por desacato a órdenes judiciales.

Este hecho marca un precedente importante en la garantía del cumplimiento de las medidas cautelares y políticas públicas relacionadas con la intervención de cementerios y la búsqueda de desaparecidos.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la orden de arresto por dos días contra el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda. La medida se fundamenta en el incumplimiento de la entrega de políticas públicas relacionadas con la intervención de cementerios y la falta de difusión de circulares a mandatarios electos y salientes.

La JEP encontró que persiste el incumplimiento por parte de Castañeda en la entrega de la política pública para la intervención de cementerios en todo el país. Además, cuestionaron el retraso en la entrega y difusión de circulares relacionadas con la exigencia a mandatarios para realizar empalmes sobre acciones tendientes a la búsqueda de desaparecidos.

Según la JEP, Castañeda insinuó que cumpliría con lo ordenado solo hasta el 30 de abril de 2024, lo cual agravó la situación y llevó a la ratificación de la medida de arresto.

La JEP no limitó sus medidas al director de Derechos Humanos, ya que también confirmó el arresto del director de Asuntos Indígenas del Ministerio, Germán Carlosama. Este funcionario fue señalado por evidente y prolongado incumplimiento en la construcción de un protocolo para comunidades indígenas en San Lorenzo (Caldas) ante inhumaciones clandestinas.

La magistratura destacó que Carlosama no construyó el protocolo en más de un año, incumpliendo la orden dada en septiembre del año pasado. La medida incluye un arresto por dos días y una multa equivalente a tres salarios mensuales vigentes.

Fuentes cercanas a los procesos informaron que se anticipan más decisiones similares contra importantes funcionarios en Caldas y posiblemente en el Valle del Cauca. Estas medidas se relacionan con incumplimientos en la entrega de información, la no asistencia a audiencias y otros aspectos vinculados a la jurisdicción de la JEP.