LAS SENADORAS Nadia Blel, del Partido Conservador, y María Fernanda Cabal del Centro Democrático, se fueron lanza en ristre contra el proyecto que modifica el código penal y da subrogados a personas que cometan delitos contra niños, niñas y adolescentes. Ambas congresistas señalaron a EL NUEVO SIGLO que hacer modificaciones al Código Penal no es excusa para dar beneficios a criminales de menores.

En principio, Nadia Blel explicó que “duele saber que los niños son los que menos importan para la justicia, todo porque en la propuesta reforma a la justicia, se incluyó la rebaja de penas para quienes cometan delitos contra ellos, si colaboran con la Fiscalía. Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones y defensores de los derechos de los niños para que unidos impidamos que este atropello avance. Nuestros niños merecen verdadera protección y justicia, no concesiones para sus agresores”.

Seguidamente, María Fernanda Cabal advirtió que “hay que señalar que en Colombia los delitos cometidos contra menores de edad son considerados de extrema gravedad. La legislación actual, a través del Código Penal (Ley 599 de 2000), establece sanciones severas por delitos como el abuso sexual, la explotación infantil y el maltrato. Además, el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) restringe el acceso a beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria a quienes cometen delitos sexuales contra menores. Actualmente existen restricciones para que quienes cometen delitos contra menores accedan a beneficios como subrogados penales. Estos, no se deben dar a quienes vulneran gravemente los derechos de los niños. Además, esto concuerda con las obligaciones internacionales de Colombia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer una protección especial a los menores.

Leyes que garanticen derechos de los niños

En este sentido, Nadia Blel dijo que “siempre hemos considerado que tratándose de menores de edad, la investigación de los delitos debería ser adelantada por autoridades que se dediquen exclusivamente a esa competencia. Así como hoy, existe la Policía de Infancia y Adolescencia y fiscales especializados en niñez, también debería existir jueces que prioricen los casos en los que son víctimas nuestros menores. Una medida tan indulgente como la que se plantea termina también siendo impunidad. Los medios alternativos de sentencia pueden ser una posibilidad, siempre y cuando estamos en presencia de delitos menores o económicos, pero cuando son delitos en contra de la integridad física o sexual, cuando son delitos contra de la vida de nuestros niños. No se deben considerar beneficios. Hoy más que nunca, nuestros niños necesitan una justicia que entienda que no se negocia, ni tampoco se concesionan sus derechos”.

Posteriormente, la legisladora Cabal manifestó que “Colombia enfrenta una gran congestión judicial, la sobrecarga al sistema judicial afecta la rapidez y eficacia de los procesos. La impunidad en Colombia se aproxima al 95%, pero para descongestionar el sistema hay que pensar en penas alternativas para ciertos delitos, aplicar medidas de justicia restaurativa en vez de penas privativas de la libertad advierto que esa reducción de la congestión no debe llevar a la impunidad. Pensemos en penas más estrictas para delitos como abuso sexual, trata de menores, y homicidio agravado contra niños, niñas y adolescentes. Pero además en reducir el nivel de impunidad que afecta el acceso y reparación a las víctimas. Nadie que cometa delitos graves contra menores y otros que afecten gravemente a la niñez deben ser acreedores de subrogados como libertad condicional, prisión domiciliaria, rebaja de penas.