El informe de EU señalando que 2019 cerró con 212 mil hectáreas de narcocultivos -cuatro mil más que en 2018- cayó como un baldado de agua fría en Colombia y sobre todo para el gobierno Duque, que en enero sacaba pecho por haber erradicado 100 mil hectáreas el año pasado. ¿Qué ocurrió?
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En junio pasado, cuando se conoció el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca sobre la extensión de narcocultivos en Colombia al cierre de 2018, en la Casa de Nariño se sacaba pecho.
Según ese reporte, al término de dicho año existían en Colombia 208 mil hectáreas de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola. Tanto para el presidente Iván Duque como para el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, se trataba de un hecho significativo porque por primera vez en siete años se lograba frenar la tendencia alcista de la extensión de narcocultivos. Esto porque al cierre de 2017 la misma agencia norteamericana había reportado 209 mil hectáreas, la cifra más alta de la última década.
“Según una estimación de 2018 publicada hoy (26 de junio de 2019) por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia siguen siendo altos, pero se está estabilizando. La estimación indica que el cultivo de coca experimentó una disminución menor en 2018 (quedando en) 208.000 hectáreas de 209.000 hectáreas en 2017. Del mismo modo, la producción potencial de cocaína pura también experimentó una disminución menor en 2018 (quedando en) 887 toneladas métricas puras de 900 toneladas en 2017. Aunque la coca en Colombia se mantuvo en niveles históricamente altos en 2018, fue el primer año en que el cultivo no aumentó desde 2012”, señaló el informe de la Casa Blanca.
Dos meses después, en agosto, se conocería el otro informe externo que mide los resultados de la erradicación de sembradíos ilegales en Colombia. Se trata del reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Según este el área sembrada de cultivos de coca en el país pasó de 171.000 hectáreas en el 2017 a 169.000 en el 2018.
“Este reporte muestra que, por primera vez en prácticamente siete años, se quebró la tendencia de crecimiento exponencial (de cultivos de coca)”, subrayó Duque, señalando que si no se hubiera corregido la estrategia antidroga se podría haber superado las 220 mil hectáreas.
Corrigiendo el rumbo
Para algunos voceros del Gobierno, el logro se debió al cambio de estrategia a partir de agosto de 2018, cuando Duque reemplazó en la Casa de Nariño al presidente Juan Manuel Santos, en el poder desde 2010.
Como se sabe, el uribismo y muchos otros sectores siempre le cuestionaron a Santos el hecho de que entre 2013 y 2017 la extensión de los cultivos de hoja de coca se hubiera quintuplicado, pasando de 43 mil a 209 mil hectáreas.
Son cuatro los hechos específicos que se le achacan al anterior Gobierno para responsabilizarlo de la debacle antidroga: primero, el proceso de paz entre Santos y las Farc afectó poco a poco la operatividad militar y policial contra el narcotráfico, ya que los narcocultivos estaban en las mismas zonas en donde operaba esa guerrilla, lo que fue aún más evidente cuando se empezaron a firmar treguas unilaterales y bilaterales entre el Ejecutivo y el grupo subversivo en negociación; segundo, durante las tratativas en La Habana uno de los puntos pactados fue el de un programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos compensada a campesinos, lo que llevó a que en muchas zonas, incluso con auspicio de las propias Farc, miles de familias se lanzaran a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola, con el fin de acceder luego a las recursos que daría el Estado a quienes aceptaran destruir los sembradíos ilegales; en tercer lugar, el entonces presidente Santos defendió con ahínco la tesis de que la lucha contra el narcotráfico estaba fracasando, lo que debería llevar a pensar en otras alternativas para enfrentar este fenómeno, abriendo así un debate nacional y global sobre la despenalización de la producción comercio y consumo de estupefacientes; y, por último pero no menos importante: en el segundo semestre de 2015 el gobierno Santos, atendiendo una alerta de una agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a que el glifosato podría tener efectos cancerígenos, decidió suspender precautelativamente las fumigaciones aéreas con este herbicida, pese a ser el arma más eficaz en la destrucción de cocales.
Cambio de tercio
Así las cosas, el año pasado, con el espaldarazo que significaron los informes de la Casa Blanca y Naciones Unidas –pese a tener una diferencia de casi 40 mil hectáreas-, el gobierno Duque se jugó a que 2019 sería la clave empezar a reversar de forma sustancial la extensión de narcocultivos en Colombia, sobre todo porque a lo largo de esos doce meses se estaría aplicando a plenitud su nueva hoja de ruta contra el narcotráfico.
“Ruta Futuro es una política de carácter integral que lanzó nuestro Gobierno, que va desde los temas de sustitución, erradicación, desarrollo alternativo y pago por servicios ambientales, hasta la ruptura de la cadena de logística y la cadena de lavado de activos, la cadena criminal, enfrentar el microtráfico”, reiteró Duque cuando habló sobre los informes de la Casa Blanca y el Simci.
Dicha estrategia, aunque mantuvo los pactos de erradicación manual firmados por el anterior gobierno con más de 100 mil familias cocaleras, se enfocó prioritariamente en la destrucción forzada de los narcocultivos, multiplicando los grupos terrestres para esta labor y aumentando el pie de fuerza militar y policial antinarcóticos.
La tesis fue sencilla: era urgente redoblar el combate a los grupos armados ilegales y bandas criminales que tras la desmovilización de una parte de las Farc entraron, a sangre y fuego, a adueñarse de las zonas que estas ocupaban y en donde contralaban los narcocultivos, los laboratorios de procesamiento, las cadenas de aprovisionamiento de insumos, los corredores para el movimiento de la cocaína así como los contactos con carteles colombianos y mexicanos para exportar el alcaloide.
No hay que olvidar que una de las principales críticas que se hace al proceso de implementación del acuerdo de paz es, precisamente, que el Estado no supo cubrir con Fuerza Pública e institucionalidad las zonas desocupadas por la parte de las Farc que se si desarmó y desmovilizó. Esta falencia dejó el campo abierto para que el Eln, las bandas criminales de alto espectro -como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pelusos’-, así como las disidencias de las Farc entrarán a disputarse -aliadas o combatiendo entre ellas- los corredores del narcotráfico, especialmente en Cauca, Nariño, el Catatumbo, Antioquia, Meta, Caquetá y otras zonas.
Esa circunstancia es la que explica por qué hay un rebrote de la violencia armada en distintas zonas del país, ya que elenos, disidencias y bandas criminales empezaron a controlar a sangre y fuego muchas zonas, no solo por el negocio del narcotráfico sino también para dominar toda la cadena delictiva de la minería criminal, la tala ilegal de madera, el contrabando en todas sus modalidades, la extorsión, las redes de prestamistas ‘gota a gota’ y hasta sus nexos con carteles de contratación pública y redes de corrupción local y regional que esquilman los presupuestos de alcaldías y gobernaciones.
Ese reciclaje de la violencia, además, es el principal responsable de dos de las mayores problemáticas en materia de orden público y seguridad que ‘heredó’ el gobierno Duque pero que se han agravado durante su mandato: la escalada de asesinatos de los líderes sociales (más de 350 desde 2016) así como de desmovilizados de las Farc (que ya bordean las 190 muertes).
“Tenemos, en lugares del territorio, cultivos industriales de coca al servicio de grupos armados ilegales y de carteles de la droga; y por eso, también, este Gobierno es claro y contundente en enfrentar esas estructuras, estructuras como las del Eln, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pachenca”, señaló Duque meses atrás, agregando que esos grupos criminales “son amenazas al territorio, porque quieren hacer del narcotráfico su mayor fuente de ingreso y, por supuesto, con esos recursos intimidar a la población y pretender también capturar escenarios de poder político local”.
Paralelo a ello, el gobierno Duque se jugó una carta fuerte: le pidió a la Corte Constitucional una audiencia para analizar de nuevo la posibilidad de utilizar el glifosato. Esta se dio en marzo de 2019 y cuatro meses después el alto tribunal emitió un auto aclaratorio de su sentencia de 2017. Precisaron los magistrados que el herbicida sí se podría usar en aspersiones aéreas sobre narcocultivos cumpliendo un estricto protocolo sobre protección de la vida humana, las fuentes hídricas, los sembradíos legales así como de la fauna y flora circundante. De inmediato la Casa de Nariño anunció que trabajaría en la redacción de un decreto al respecto con el fin de someterlo a consideración del Consejo Superior de Estupefacientes y reanudar lo antes posible las fumigaciones. El borrador ya se publicó, estuvo en etapa de comentarios y se espera que en próximas semanas sea emitido por Duque.
Los resultados
Por todo lo anterior es que desde comienzos de este año existía mucha expectativa sobre los resultados antidroga de 2019, más aún después de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciara en la segunda semana de enero que el año pasado se superó la meta de erradicación, que inicialmente se había fijado en 80 mil pero, al final, se alcanzaron 100 mil hectáreas.
"Quiero destacar la labor de la Fuerza Pública, que logró en erradicación manual la cifra más alta que haya visto nuestro país bajo esa modalidad", dijo Duque, asegurando que se erradicaron manualmente 94.000 hectáreas, de un total de 100.000 hectáreas destruidas "combinando distintas" modalidades. A ello se sumó el decomiso de 434 toneladas de cocaína.
Sobre esa base, el Gobierno insistió que se podría cumplir la meta de reducir a la mitad el territorio cultivado con coca entre 2022 y 2023. "Tenemos que acelerar cada vez más el paso, pero podemos decir que cerramos el año 2019 con una cifra récord de erradicación manual", insistió.
Es más, el optimismo del Ejecutivo lo llevó a aumentar su proyección de erradicación para este 2020, elevándola a 130 mil hectáreas, la gran mayoría por la vía forzosa.
Sin embargo, a medida que esas cifras se fueron dando, también se empezaron a hacer algunas salvedades respecto a cuánto podría haber caído la extensión total de narcocultivos el año pasado, sobre todo en relación a las 208 mil hectáreas reportadas por la Casa Blanca y las 169 mil del informe de la ONU sobre 2018.
La principal salvedad se refería al porcentaje de resiembra, es decir la capacidad de los campesinos cocaleros y los grupos armados que los amparan para volver a plantar matas de hoja de coca, marihuana y amapola una vez han sido destruidas por las autoridades. Cuando se empezó a mencionar el riesgo de que este porcentaje estuviera por encima del 50 o 60%, entonces el verdadero efecto de las 100 mil hectáreas destruidas comenzó a ponerse en duda.
Visto todo lo anterior se entiende la expectativa creciente por conocer los resultados de los informes de Estados Unidos y la ONU. El jueves pasado parte de esa incertidumbre se empezó a despejar: la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley indicaron que “según la estimación, el cultivo de coca en Colombia se mantuvo estable en 212.000 hectáreas en 2019, de las 208.000 hectáreas en 2018, mientras que la producción potencial de cocaína pura aumentó ligeramente en un 8 por ciento a 951 toneladas métricas en 2019, de las 879 toneladas métricas en 2018”.
Aun así el reporte reconoce que donde las actividades de erradicación se concentraron, el cultivo de coca disminuyó sustancialmente. Se resaltó, igualmente, que el Gobierno aumentó la erradicación manual en un 57,7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Asimismo se destacó la cuota de sacrificio de las autoridades colombianas, trayendo a colación que el año pasado diez personas perdieron la vida y más de 50 resultaron gravemente heridas durante estas operaciones de erradicación manual. En cuanto a la incautación de drogas, se reportaron más 492 toneladas métricas de cocaína y base de coca, “la mayor cantidad en la historia colombiana”.
¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que si se erradicaron 100 mil hectáreas en 2019 el reporte de EU muestre que la extensión se mantuvo casi inmodificable frente a 2018, incluso con cuatro mil hectáreas más? ¿Si se aplicará una lógica básica se podría concluir, entonces, que así como se destruyeron 100 mil hectáreas se sembraron 104 mil más? ¿Entonces el porcentaje de resiembra va más allá de 70 u 80 por ciento? ¿O es que migraron las zonas de cultivos ilícitos en una gran proporción hacia sectores en donde no ha llegado la erradicación? ¿Está fracasando la estrategia “Ruta Futura” del gobierno Duque? ¿Será que solo con el glifosato es posible reversar el aumento de los sembradíos ilícitos? ¿Cómo combatir con más efectividad la resiembra? ¿La opción será otra: intensificar la erradicación manual y concertada, que tiene menos porcentaje de reincidencia criminal, que la forzosa? ¿Tenía razón Santos: esta guerra se está perdiendo pese a todos los esfuerzos? ¿Qué impacto tendrá este boom narcotraficante en el ya creciente reciclaje de la violencia en Colombia? ¿Cómo impactará este nuevo informe en las relaciones entre los gobiernos Duque y Trump, con este último en plena campaña electoral y presionado por el aumento de las muertes por sobredosis de drogas en los últimos años en EU?...
Esas y muchas otras preguntas están sobre la mesa y mientras no se respondan será difícil vislumbrar el rumbo de la política antidroga colombiana y sus posibilidades de éxito.