El proceso de la ‘mermelada tóxica’ continuará, dijo ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez durante la jornada de capacitación de los senadores y representantes que se posesionarán mañana.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, el fiscal Martínez ha denominado ‘mermelada tóxica’ al proceso que se adelanta sobre el manejo de los llamados cupos indicativos, recursos que gestionan los congresistas para obras en sus regiones, en orden a establecer la regularidad en el manejo de los mismos.

Martínez sostuvo ayer que “en esa función que le corresponde de representación al parlamentario, de buscar alternativas para sus regiones, bienes públicos para sus regiones, obras para sus regiones, nada más lícito que el congresista apele a su poder de representación para buscar opciones de desarrollo para sus regiones, pero eso no puede terminar en mermelada tóxica”.

“Qué dolor tener que decirlo”, les expuso Martínez a los legisladores, pero “este es un proceso que se ha iniciado y que va a tener varios episodios”.

Para el fiscal Martínez, el Congreso se debe dedicar a crear políticas públicas , y a preservar el interés público, agregando que “el gobierno no puede ser la sede, y me refiero a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, de una clase emergente que tiene una filosofía de Estado de apropiarse de lo público. Y es ese cáncer el que, sobre todo en la vida local, le ha venido restando mucha legitimidad a esa arquitectura institucional. No hablemos aquí de números de alcaldes, de diputados, de gobernadores, de concejales, de ediles que hoy están comprometidos en casos de penalidad muy graves que se conocen muy claramente en sus regiones”.

Manifestó que él espera un Congreso que se convierta en el foro del consenso político y en el centro del control político, y no “el foro de la transacción política, el foro de las reciprocidades políticas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Señaló que cuando se convierte esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en una dinámica transaccional, el ciudadano no se siente representado.

“Llevamos muchos años discutiendo reformas políticas, solamente para preservar la representación en una democracia. Hoy vemos un Congreso más incluyente, donde vemos sectores con política alternativa, incluidas las Farc”, resaltó el fiscal.

Durante la jornada, Martínez les contó a los congresistas electos que “22 congresistas de un Congreso de un poco más de 200 personas” fueron objeto de investigaciones por delitos cometidos en ejercicio de su cargo, en las que la Fiscalía debió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia.

“Significa que el 10 por ciento de los miembros de las cámaras terminó comprometido en procesos penales a partir de investigaciones por corrupción electoral, por corrupción en contracción pública, por corrupción en materia de casos de salud, por constreñimiento a los servidores”, precisó.

Señaló que como institucionalidad, eso no puede seguir ocurriendo en Colombia.