La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha asesorado al Ministerio de Justicia en la elaboración de una reforma que básicamente obligue a los jueces a seguir los lineamientos de las cortes, aumente el periodo de los magistrados y les quite a las altas cortes su capacidad de elección.

Según Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la CEJ, esta es una reforma necesaria que debe ser complementada con iniciativas que estén dirigidas al ciudadano de a pie.

EL NUEVO SIGLO: Hay rumores de una reforma a la justicia. ¿Es así?

HERNANDO HERRERA MERCADO: Sí, en efecto hemos dialogado con el Gobierno y en particular con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y es cierto que el Gobierno ha venido trabajando con las altas cortes y algunos miembros importantes de la rama para tener lista esa reforma que, según nos han comentado, estaría lista al comenzar esta legislatura en el mes de marzo.

ENS: ¿Cuáles serían los puntos centrales de esa reforma?

HHM: El primero tiene que ver con la obligatoriedad de las sentencias o pronunciamientos de las altas cortes para los funcionarios judiciales de menor jerarquía de ellos. Esto en la materia de técnica jurídica se conoce como el precedente judicial, lo que quiere decir que luego de aprobada la reforma los jueces no solo estarán obligados a acatar la ley, también las sentencias de las altas cortes por resultar doctrina obligatoria.

Además, para garantizar una mayor estabilidad de la jurisprudencia de las altas cortes se amplía el periodo de 8 a 12 años. Por supuesto que esa norma no cubriría o beneficiaría a los actuales magistrados, sino a los que entren una vez sea aprobada la iniciativa.

El tercer punto es el que tiene que ver con las facultades electorales de las altas cortes, tema que se ha discutido siempre y que ha generado tanta preocupación. Con la reforma se va a sustraer la facultad de las altas cortes de seguir participando en la elección del Procurador General y solamente intervendrían en el caso específico de la Corte Suprema de Justicia en lo que hace de la designación del Fiscal General de la Nación, tal y como sucede hoy en día: que el Presidente confecciona la terna y es la Corte la que elige.

ENS: Uno de los puntos que ha complicado la aprobación de la reforma es que no ha sido socializada con las altas cortes ¿esos tribunales ya tienen conocimiento del tema?

HHM: La doctora Margarita Cabello me ha puesto de presente ese trabajo de alta filigrana que ha venido haciendo con las salas plenas de las altas cortes, de hecho, la última de las reuniones se dio el pasado martes con la Sala Plena del Consejo de Estado. Así también lo ha hecho con el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia. La ministra no se ha reunido con la Corte Constitucional porque ante una eventual demanda frente al trámite o al fondo de esa reforma ellos tienen que conocerla, por eso los magistrados están al margen de esas discusiones.

Justicia para el ciudadano de a pie

ENS: Nadie desconoce la urgencia de una reforma a la justicia, pero en el país también se habla de una reforma laboral y una reforma pensional. ¿No se está siendo un poco ingenuo creer que el Congreso puede tramitar estos grandes ajustes al mismo tiempo, en el mismo año?

HHM: Esas reformas estructurales requieren de un alto consenso para que se les imprima velocidad y que resulten exitosas. En el caso de la reforma a la justicia, y sin quitarle peso a otras reformas, cada vez se piensa más que esa reforma es urgente, pero en todo caso nosotros pensamos que es una buena cuota inicial.

Sin embargo, hay que decir que no es la solución definitiva a los problemas de la justicia, porque esa reforma por supuesto que fortalece la alta cúpula judicial aclara algunos puntos pendientes de seguridad jurídica.

Sin embargo, en Colombia se requiere, a la par de esta reforma, otra en materia de controversias, una que agilice los términos de resolución de los conflictos, por ejemplo restringiendo y recortando recursos. Hoy en día los abogados podemos presentar cuantos recursos queramos en una actuación judicial y eso, entre otras cosas, hace que se demoren los procesos. Por eso queremos crear más procesos de una única instancia y eliminar recursos que solo sirven para dilatar.

Por otro lado, el ciudadano está agobiado viendo cómo se generan vencimientos de términos por maniobras indebidas de defensas que son inconsecuentes con las resoluciones en materia penal y cómo se acude a la figura de la dilación para que los sindicados, imputados, o acusados de graves delitos terminen simplemente por la vía de la prescripción generando la imposibilidad que se aplique justicia. Además los jueces en materia de reincidencia toman decisiones benévolas para los delincuentes en prejuicio de la ciudadanía.

ENS: Hay personas que sostienen que la reforma que requiere Colombia no es sobre las grandes estructuras, sino la justicia para el ciudadano de a pie. ¿No estamos haciendo la reforma a la justicia donde no es tan urgente?

HHM: Yo creo que la reforma a la justicia macro y estructural es importante, pero si esa sola no se acompaña de reformas tan importantes como la que se ha mencionado, por ejemplo, en el tema penal, no es relevante. Desde hace algunas décadas se nos olvidó que el sistema penal no es para beneficiar al delincuente, es para beneficiar a las víctimas. Desafortunadamente aquí ha hecho carrera que el derecho penal termine siendo un rey de burlas frente a la persecución adecuada del delito.

Es noticia frecuente en los medios de comunicación ver figuras como la rotación indebida de apoderados por parte de un presunto malhechor para librarse de una condena efectiva y comienzan entonces esas inducciones a la demora judicial; o algunos casos, y lo vimos en el caso del médico, de personas que tenían varias entradas a la cárcel sin que existiera repercusión de ninguna índole. Además, desde esa perspectiva se acude por las defensas a incurrir en el vencimiento de términos para que en casos de gran envergadura los delincuentes terminen en la calle. La pregunta es: ¿ese es el derecho penal adecuado para defender al ciudadano común? Yo creo que no.

ENS: Siempre que se habla de una reforma a la justicia sale el tema de la acción de tutela. ¿Ese tema se va a tocar en esta reforma?

HHM: Nosotros pensamos que la tutela es una garantía ciudadana y que ha cumplido una misión importante, sobre todo para garantizar aquellos derechos fundamentales que le son al ciudadano más queridos como el derecho a la salud, o  el de la pensión.

Nosotros creemos que es mejor la ‘tutelitis’ que la ‘abusitis’ y que cualquier defecto que se genere sobre la tutela no debe ir de la mano de recortar su posibilidad de proteger estos derechos, sino, eventualmente, definir consecuencias para evitar el choque de trenes cuando la Corte Constitucional conoce de sentencias de otras altas corporaciones judiciales y que exista unicidad de competencia. Si es un tema laboral, por ejemplo, que ese tema sea resuelto por la jurisdicción laboral y no la penal. Esos ajustes de procedimiento no afectarían la tutela que consideramos muy importante.

El Congreso

ENS: Hay quienes dicen que una reforma a la justicia es muy complicada por eso plantean una especie de reforma constitucional limitada a lo judicial. ¿Es viable esa opción?

HHM: Hasta la fecha se le apuesta y se le seguirá apostando a que el Congreso tenga la capacidad de tramitar una reforma efectiva a la justicia que debe tener unos compromisos.

El primero, que el Legislativo tiene que ser superior a esa alta tarea que tiene en cuanto a ajustes a la justicia se refiere. También las altas cortes deben ser respetuosas de ese giro ordinario que tenga ese procedimiento, es decir, participar en foros y ser oídos, sin que ello atienda al llamado cabildeo judicial. Que no exista la posibilidad como en el pasado, cuando un muy desafortunado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Francisco Ricaurte, acudía al Congreso para hacer lobby en beneficio de los magistrados, para que esa ampliación de periodo no solo afectara a nuevos magistrados, sino a quienes entonces ejercían la magistratura.

El otro nivel de esta discusión y de compromiso es del Gobierno nacional de presentar estas iniciativas con consensos bien importantes, consultando a las altas cortes, a los sindicatos de la rama, los funcionarios judiciales y las universidades. Si todo eso se da pensamos que no habría lugar a una Asamblea Nacional Constituyente para el tema de justicia. A nosotros nos parece que ese es el peor de los escenarios, porque aunque sea un ejercicio válido desde el punto de vista constitucional, lo que implica es la incapacidad del Congreso de aprobar una reforma a la justicia en beneficio del ciudadano.

ENS: El Gobierno tiene problemas para consolidar mayorías en el Congreso. ¿Aún con el escenario político de hoy, son optimistas para aprobar esta reforma?

HHM: Es importante señalar que en todos los países del mundo donde existen democracias, existen consensos y existen coaliciones de gobernabilidad. Y en ese sentido pensamos que los retoques del gabinete ministerial implican un compromiso no burocrático, pero sí un compromiso programático de los partidos para apoyar reformas estructurales. La reforma a la justicia es una de esas.

Ahora bien, yo creo que hay otras reformas importantes. Por ejemplo, la política para eliminar la perversidad que hoy en día tenemos de las listas abiertas que permiten el caos y la anarquía electoral. No hay que desgastarse en reformas menores, como la que anuncia el Registrador Nacional, que en vez de pensar en una reforma de alta dimensión se dedica al menudeo técnico de la Registraduría. Esas reformas no benefician al ciudadano y no son de gran calado. Entonces mejor archívenlas o bórrenlas.

Aquí debemos apostarle a grandes reformas. Por ejemplo, en materia electoral una reforma que haga más seria la conducción de los partidos políticos para evitar esa profusión que tenemos hoy en día de más de 17 partidos políticos y que genere correctivos frente a la compra de votos que tiene involucrados, entre otros, al señor Gerlein y a la prófuga Aída Merlano. En esa reforma también hay que pensar en  las listas abiertas que para nosotros son uno de los peores flagelos que atentan contra la democracia que permiten el caos electoral.

ENS: La primera ministra de Justicia de este Gobierno fue Gloria Borrero, que venía de la Corporación y que lamentablemente fracasó en una reforma a la justicia. ¿Qué garantiza que en este nuevo intento no termine pasando lo mismo?

HHM: La reforma a la justicia es un potro bravo y ha tumbado varios ministros, porque es un potro cerrero que no se deja domar fácilmente. Lo que me ha comentado la ministra, para llevar ese caballo a buen término, es que ella actúa sobre la base del consenso previo. Por eso me señalaba que no se ha acelerado en la presentación de un proyecto. Vamos a ver si esa es o no la fórmula mágica. Aquí debe haber tres premisas fundamentales para aprobar la reforma: querer, convencer y poder.

ENS: Cada vez que se habla de la reforma a la justicia, salen ideas creativas como crear una jurisdicción electoral o una agraria. ¿En Colombia se requieren más cortes, más jurisdicciones o volver a una sola corte como sugiere el uribismo?

HHM: Nosotros partimos de dos criterios. Lo primero: que no estamos de acuerdo con una corte única. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado que son órganos bicentenarios, han cumplido en el marco de la institucionalidad un buen ejercicio. Y hay que mencionar a la Corte Constitucional que sería la hermanita menor y ha concedido desde la perspectiva de los derechos al ciudadano un gran impacto a la justicia. No creemos que la corte única sea la solución.

En cuanto a la creación de más jurisdicciones, tampoco estamos de acuerdo. Si miramos la cantidad de jurisdicciones especializadas que tiene Colombia, creemos que ellas cumplen la misión de crear tareas especializadas en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, en lo administrativo, en lo constitucional. Entonces no creemos que deba haber nuevas jurisdicciones. Las que tenemos son suficientes y la tendencia debe ser crear otros elementos para fortalecer esas jurisdicciones, como por ejemplo, el expediente digital que es la posibilidad que poco a poco se sustituya lo documental para que las piezas procesales de los casos circulen y se puedan revisar mediante los computadores.