Según informe de Indepaz, los crímenes sumarían 95 en lo que va corrido del 2020

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Ya es un lugar común decir que a algunas regiones de Colombia, la paz nunca llegó. Incluso, hay sitios en los que la guerra parece empeorar.

Dependiendo del punto de vista de cada observador se exponen razones para que eso sea así. Unos opinan que el proceso de paz estuvo mal llevado, pero otros que falta voluntad para implementar el acuerdo.

Todo eso queda en segundo lugar frente al sufrimiento de las comunidades, que es el contexto de cifras como que desde el inicio de la pandemia han sido asesinados 32 líderes sociales, 19 de ellos desde que se impusieron medidas de confinamiento en todo el país el 23 de marzo.

Según el cálculo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz), serían 95 los homicidios cometidos contra líderes sociales o defensores de los derechos humanos en lo que va del año.

El informe de la organización consideró que a estas víctimas se suman 24 desmovilizados de las Farc, así como 7 familiares de líderes sociales y 1 escolta.

De las 8 personas que han sido asesinadas por su relación con líderes sociales, 7 de ellas murieron en el Cauca, mientras que otra falleció en el Valle del Cauca.

Los departamentos donde más asesinatos se han registrado son Cauca con 30, seguido de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Caquetá.

De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los derechos humanos y 173 antiguos guerrilleros de las Farc, si bien, las ONG alertan de que las cifras podrían ser mucho mayores.

Por ejemplo, la organización política Marcha Patriótica estimó que los líderes sociales y defensores asesinados durante la cuarentena son 26 y que el 88% de esas víctimas fatales “eran campesinos, indígenas y afrodescendientes que hacían parte de diferentes procesos nacionales como la Organización Nacional Indígena de Colombia (con cinco muertos), Marcha Patriótica (cinco) y el Congreso de los Pueblos-Coordinador Nacional Agrario (cinco)”.

Cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que aproximadamente el 73% de los asesinatos de los excombatientes se registraron en zonas rurales. Los ataques se han concentrado en los departamentos del Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22), Caquetá (20), Norte de Santander (16), Meta (13), Putumayo (13) y Valle del Cauca (12).

Un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que durante la cuarentena, la presión de los grupos armados ilegales sobre la población civil ha sido palpable en regiones de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba.

Victimarios

Rupert Colville, vocero de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó hace una semana que tras los homicidios de líderes sociales se encuentra un creciente número de grupos armados y bandas criminales que compiten por el control de actividades ilegales en ese territorio.

Los datos, tanto del informe de la JEP como de la investigación de Indepaz, corresponden a zonas específicas del país en cerca de 40 municipios con influencia de grupos armados organizados (GAO) como el Eln, las disidencias de las Farc, estructuras del narcotráfico como El Clan del Golfo y grupos paramilitares como Los Caparros y reductos de Los Rastrojos.

El Gobierno, a través de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien participa activamente en las reuniones nacionales y regionales de la Mesa por la Vida, que lidera el procurador Fernando Carrillo, ha reafirmado su compromiso con la vida, integridad y protección de los líderes sociales.

Arango señaló, hace unos días, que actualmente en Colombia hay 7.229 esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que de esta cifra 5.005 son de líderes sociales, lo que demuestra el trabajo del Gobierno para garantizar el liderazgo social en el territorio.

A domicilio

Esta semana, en la reunión virtual de la Mesa por la Vida del Cauca, Carrillo se mostró alarmado porque aprovechando la cuarentena los homicidas llegan a las casas de los líderes sociales, por lo que consideró urgente repensar los esquemas de seguridad en el marco de esta emergencia sanitaria por el Covid-19.

Carrillo advirtió que “la historia nos ha enseñado que las crisis económicas o sociales son terreno fértil para menguar los derechos humanos y la democracia”.

Lo dicho por el procurador Carrillo coincide con la alerta encendida hace poco más de un mes por Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien juzgó que “las autoridades colombianas no pueden dejar que las personas defensoras sufran ataques y amenazas. El Estado debe mantener sus esquemas de protección otorgados y debe generar estrategias de protección colectiva para comunidades en situaciones de riesgo, a la par que implementa medidas preventivas para contener el Covid-19”.

Casi al tiempo de la declaración de Guevara, una veintena de organizaciones norteamericanas (como AFL, CIO, Amnesty International U.S.A., Center for Justice and International Law (CEJIL), Colombia Human Rights Committee, Oxfam, Robert F. Kennedy Human Rights, Washington Office on Latin America y Witness for Peace Solidarity Collective) se quejó de “la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”, instando al Ejecutivo a actuar con decisión para garantizar que los “enemigos de la paz” no utilicen la situación de emergencia creada por el Covid-19 para continuar exterminando a los líderes sociales.