Los lineamientos para la vigilancia fiscal y disciplinaria en el uso de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), para financiar proyectos de inversión pública necesarios para atender los efectos que deja la pandemia del coronavirus en el país fueron establecidos por el contralor Carlos Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo.
En una circular conjunta señalaron que los responsables tanto fiscal como disciplinariamente de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas y del Fondo de Compensación Regional (40%) serán los representantes de las entidades territoriales que deben aprobar proyectos de inversión y los representantes legales de las entidades beneficiarias de los recursos del SGR.
Precisaron los entes de control que, al menos el 30% de los recursos de las asignaciones directas y del Fondo de Compensación Regional (40%) deberán destinarse a la financiación de proyectos para la atención primaria en salud.
En los proyectos de inversión que pudieran ser financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional (60%), la secretaría técnica deberá responder por la verificación de los requisitos para la viabilización, priorización y aprobación de las iniciativas.
Así mismo, los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para las regiones serán los responsables de la verificación de la conexidad de los proyectos con el presupuesto que dio origen a la declaratoria de emergencia sanitaria.
Finalmente, precisaron los jefes de los entes de control que las decisiones adoptadas por los representantes legales de las entidades beneficiarias de los recursos del SGR y los miembros de los OCAD, deben atender “las directrices, procesos, lineamientos, metodologías y criterios definidos por el DNP y la Comisión Rectora del SGR, incluyendo el registro oportuno de toda información y documentación respectiva en las plataformas Suifp-SGR, Gesproy, SPGR y demás, que sean dispuestas para tal fin”.
Regalías
A comienzos de mes, con el propósito de agilizar las acciones e inversiones necesarias frente a la emergencia declarada por el Covid-19, el Gobierno nacional habilitó la aprobación directa de los proyectos de inversión con recursos de regalías por parte de las entidades territoriales, beneficiarias de asignaciones directas municipales y departamentales, además del 40% del Fondo de Compensación Regional.
Con las regalías se podrán financiar inversiones relacionadas con atención en salud y protección social, agricultura y desarrollo rural, además del suministro de alimentos y recursos hídrico.
También, podrán usarse para asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia y para garantizar tanto la efectiva continuidad como la calidad en la prestación de servicios públicos a la comunidad, además de asumir el costo del alumbrado público.
A la fecha, la caja disponible del SGR asciende a $4,5 billones, aproximadamente. Esto se refiere a recursos no comprometidos de los diferentes fondos que podrán ser utilizados por los mandatarios para la aprobación de proyectos de inversión requeridos para hacer frente a la crisis.
Los municipios, distritos y departamentos que reciben asignaciones directas de regalías son aquellos donde se desarrollan actividades de producción minera o de hidrocarburos, por las cuales las empresas deben realizar aportes económicos al Estado.
De acuerdo con el Decreto 513 del 2 de abril de 2020, los proyectos de inversión que no necesitarán pasar por los OCAD, encargados de la evaluación y aprobación de los proyectos, son aquellos que se definían en los OCAD municipales y departamentales, y que tengan por objeto la implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria o de emergencia.
“Las regalías que genera el sector minero energético son una fuente fundamental de recursos para la ejecución de obras y proyectos que beneficien a las comunidades. Esta decisión del Gobierno nacional busca facilitar y agilizar la inversión de capital en las regiones, para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia por el Covid-19”, señaló entonces la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien agregó que “desde el Gobierno nacional estamos comprometidos con facilitar la atención de la emergencia que estamos viviendo producto del Covid-19. Por ello, les brindamos apoyo a las entidades territoriales para que puedan financiar proyectos de inversión”.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, explicó que “pasamos de tener 11 requisitos generales exigidos en el Acuerdo Único, a cuatro, para viabilizar esas nuevas inversiones”.