Aprobada proposición para que Centro Carter rinda informe de Venezuela | El Nuevo Siglo
La proposición presentada por el Partido Conservador. Foto: Partido Conservador
Martes, 13 de Agosto de 2024
Redacción Web

La proposición presentada por el Partido Conservador ha sido aprobada, lo que permitirá invitar al Centro Carter a rendir un informe sobre los resultados de su veeduría de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Esta decisión surge en un contexto de serias irregularidades en el proceso electoral, cuyas repercusiones se prevé que tendrán un impacto significativo en el ámbito económico y social del país.

Los congresistas firmantes de esta proposición han expresado su compromiso con la legitimidad de los resultados electorales. En este sentido, se han unido al llamado internacional para realizar una verificación y escrutinio exhaustivos que permitan validar el proceso electoral del vecino país. 

La solicitud incluyó que la Mesa Directiva del Senado programe una sesión especial para que los representantes del Centro Carter, quienes han trabajado en el terreno con un equipo de 17 expertos y observadores en ciudades como Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia, puedan presentar su informe.

"El Congreso de la República de Colombia es la "Casa de la Democracia". Este es el lema que nos une como parlamentarios sin distinción de ideologías y nos convoca a construir puentes y acuerdos para su preservación y defensa", se lee en el documento inicial. 

La presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, ha liderado esta iniciativa, resaltando la importancia de la misión del Centro Carter en la observación del proceso electoral venezolano. Durante una sesión plenaria del Senado, Blel enfatizó la necesidad de una revisión exhaustiva de los hallazgos y experiencias del Centro Carter, dada la controversia que rodea las elecciones del 28 de julio.

El impacto de las elecciones en Venezuela no solo se limita a su territorio, sino que también afecta a Colombia y a la región en su conjunto. Las decisiones tomadas por el Congreso en este contexto son vistas por los parlamentarios como un esfuerzo por proteger los principios democráticos y asegurar que se respeten las garantías electorales en todos los países de la región