La Fiscalía señaló que en 2010 el tope de las campañas políticas no estaba testificado como un delito electoral

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Debido a que en 2010 no existía como delito electoral el tope de las campañas políticas, la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra Roberto Prieto, quien estaba en la mira por la elaboración de unos carteles para la campaña de Juan Manuel Santos a la Presidencia en ese año.

Sin embargo, en el año 2017 se tipifico como delito la violación de los topes de campaña. 

Esos carteles tuvieron un costó de 400.000 dólares y su diseño estuvo a cargo de la firma  Impressa Group Corp. 

Según denuncias del ex viceministro de Transporte, Gabriel García morales, esos gastos para la campaña fueron financiados por Odebrecht.

En ese momento advirtieron que la campaña habría violado las normas electorales, así como la de los topes de gastos (25.500 millones en las dos vueltas).