El litigio con Nicaragua por la demanda que presentó contra Colombia en primera instancia por la posesión de San Andrés se ha extendido en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) por cinco gobiernos: Pastrana, dos mandatos de Uribe y dos mandatos de Santos.

Sin embargo este problema se resolvería en el próximo Ejecutivo, ya sea en cabeza de Iván Duque o Gustavo Petro, teniendo en cuenta cómo avanza el proceso y lo que falta.

Sendos fallos ha emitido la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a la demanda que Nicaragua impetró en 2001 reclamando la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y varios cayos, desconociendo de esta forma el Tratado Esguerra-Bárcenas del año 1929, en el cual reconoció la soberanía de Colombia sobre esos territorios.

En 2007 se produjo un primer fallo en este proceso, resultando beneficioso para Colombia pues la Corte le dio validez al tratado y, por ende, a la soberanía de nuestro país sobre este archipiélago.

En tanto que en 2012 emitió una segunda sentencia definiendo la línea limítrofe marítima entre las dos naciones, pues la Corte se declaró competente para hacerlo ya que en el Tratado Esguerra-Bárcenas no quedó resuelto este asunto, pero el resultado fue contrario para Colombia porque perdió más de 90.000 kilómetros cuadrados de mar.

Ahora lo que en el largo proceso se tiene por resolver son dos demandas más que presentó el país centroamericano: una del 26 de noviembre de 2013 sobre el supuesto incumplimiento del fallo del 19 de noviembre de 2012 y la otra que presentó en septiembre de ese mismo año buscando que se le reconozca una supuesta plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas a partir de su costa.

El pasado 15 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia aceptó dos contrademandas que Colombia presentó contra Nicaragua en el marco del proceso denominado Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, que cursa ante dicho tribunal desde noviembre de 2013. La decisión de la Corte se da en respuesta a las objeciones de Nicaragua a las contrademandas presentadas por Colombia.

Al admitir estas dos contrademandas la Corte analizará las reclamaciones colombianas según las cuales Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. Así, como según Colombia, Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia.

Qué viene en La Haya

En la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el litigio de Colombia y Nicaragua lo que viene en el curso de este año es que Nicaragua debe presentar su réplica y luego la correspondiente dúplica por parte de Colombia, en lo que corresponde a la segunda ronda de alegatos con sus respectivas audiencias orales.

Estas audiencias orales se estima que serán en el segundo trimestre del año entrante, y a partir de ese momento la Corte puede emitir un fallo.

La Corte Internacional de Justicia no tiene un límite para emitir una sentencia, pero generalmente emite un fallo dentro de los seis meses siguientes a las audiencias. Por consiguiente es razonable esperar que hacia finales del 2019 o principios del 2020 se tenga una decisión final.

Precisamente, Nicaragua por estos días debe presentar su réplica frente a las dos contrademandas de Colombia, y la otra la debe impetrar en julio próximo.

Por su parte Colombia debe presentar sus respuestas en noviembre de 2018 y en febrero de 2019.

Es una segunda oportunidad de alegatos orales, donde ellos presentaron una memoria y Colombia una contramemoria, que es como la demanda y la respuesta. Ahora de acuerdo con el procedimiento de la Corte, el país centroamericano tiene derecho a unas nuevas alegaciones complementando y desarrollando más lo que dijeron en aquellos puntos que consideren importantes y Colombia tiene la oportunidad de responder a eso.

En esta etapa no deben aparecer argumentos nuevos o hechos nuevos sino simplemente son alegaciones adicionales sobre las que ya se presentaron. Después de las alegaciones adicionales vendrán las audiencias.

En cuanto al avance de las dos demandas impetradas por Nicaragua contra Colombia van paralelas, aunque un poco más rápido la del supuesto incumplimiento de nuestro país del fallo de 2012 (por el cual la nación centroamericana se quedaría con más de 90.000 kilómetros de mar en donde nuestro país por cerca de un siglo ejerció soberanía) que la de la plataforma continental extendida  porque simplemente la Corte tratándose de las mismas partes busca separar los alegatos de una con los alegatos de la otra.

Pacto de Bogotá

Colombia buscando blindarse de nuevas demandas de Nicaragua u otros países denunció el Pacto de Bogotá con el fin de que en adelante la Corte Internacional de Justicia pierda competencia en su caso.

En el proceso denominado ‘Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marinos en el mar Caribe’, el 19 de diciembre de 2014 Colombia presentó ante la Corte Internacional de Justicia excepciones preliminares, como una forma de decirle que no es competente para ocuparse de esta demanda.

Los argumentos de nuestro país en este sentido fueron que denunció con efecto inmediato el 27 de noviembre de 2012 el Pacto de Bogotá, lo cual argumentó implica que no se podían iniciar demandas en su contra después de esta fecha.

Además asegura que a la fecha de la presentación de la demanda de Nicaragua no existía una controversia entre las dos naciones respecto de los hechos alegados por el país centroamericano.

De igual forma, Colombia considera que Nicaragua debía cumplir con una disposición del Pacto de Bogotá, según la cual antes de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia los dos países debían coincidir en que no podían resolver esta situación por negociación directa.

En cuanto a la otra demanda que presentó en septiembre de 2013 Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para que se le reconozca una supuesta plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas a partir de su costa, de igual forma nuestro país entre otros argumentos consideró que esta Corte no es competente porque la denuncia del Pacto de Bogotá con efecto inmediato el 27 de noviembre de 2012 implica que no se podían iniciar demandas en su contra después de esta fecha.

A pesar de ello, la Corte de La Haya se declaró competente para decidir sobre la petición del país centroamericano de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas a partir de su costa, que de ser resuelta a su favor implicaría que llegaría hasta cerca de 100 millas náuticas de Cartagena.