Pisando duro comenzó su gestión el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa Quintero, en la investigación por el multimillonario soborno de la firma brasileña Odebrecht para quedarse con los contratos de la Ruta del Sol II.

El Fiscal Ad Hoc, a través de dos nuevos fiscales que designó para el caso, tumbó el preacuerdo que inicialmente había suscrito la Fiscalía General de la Nación con el llamado grupo de ‘Los Bulldozer’, como se les conoce a varios empresarios y dirigentes políticos vinculados al proceso y que, según el expediente, era liderado por el excongresista Otto Nicolás Bula Bula.

Se trata de los empresarios Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, quienes se habían comprometido con el ente acusador a entregar valiosa información para el avance de la investigación por el escándalo de Odebrecht a cambio de beneficios judiciales.

Sin embargo, Quintero consideró que la información suministrada por estas personas ya había sido suministrada por otros testigos, por lo que decidió no avalar el preacuerdo suscrito previamente con la Fiscalía.

La decisión del Fiscal Ad Hoc fue aceptada por el juez de la causa, que le dio Quitero un mes de plazo para buscar nuevos posibles acuerdos con ‘Los Bulldozer’.

Por ahora, el proceso seguirá adelante contra estas cuatro personas, de quienes la Fiscalía asegura que prestaron sus empresas para mover los sobornos enviados desde Brasil por la firma Odebrecht a fin de hacerse a los contratos de la Ruta del Sol en 2009.

Millonarios giros

De otro lado, este jueves continuó la audiencia de juicio contra el expresidente de la firma Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, en donde la Fiscalía reveló nuevos detalles.

El fiscal del caso presentó el informe de un experto del Cuerpo Técnico de Investigación en el que se advierte, tras varias inspecciones judiciales, que se encontró que en 2010 hubo giros por más de US$9 millones desde las cuentas de la Concesionaria Ruta del Sol II hacia cuentas en paraísos fiscales como Andorra y Panamá y otros giros a Estados Unidos.

Según el rastreo que hizo el CTI, se encontró que hubo tres giros a Andorra por 9,8 millones de dólares; dos giros a cuentas en Panamá por 3,2 millones de dólares y otro a una cuenta en Nueva York por 1,5 millones de dólares.

El informe de la Fiscalía dice que uno de los beneficiarios habría sido la empresa española DSC Management, que al parecer recibió 9,8 millones de dólares entre junio y agosto 2010.

No obstante, en la audiencia no se aclaró si en estas cifras se incluyen los 6,5 millones de dólares que se entregaron al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales.

Otra recusación al Fiscal

De otro lado, el abogado Jesús Albeiro Yepes, apoderado del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, radicó una solicitud de impedimento en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ante la Corte Suprema de Justicia.

Se espera que en los próximos días la Corte se pronuncie sobre la viabilidad de este recurso.