El Jefe de la cartera informó que en los próximos días habrá un “incremento significativo en las recompensas. Lo que se está ofreciendo no ha motivado lo suficiente”

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Se fortalecerán operaciones militares en la cordillera occidental y central, respectivamente, donde hacen presencia los integrantes de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, así lo anunció el ministro de Defensa Guillermo Botero al finalizar el consejo de seguridad en el Cauca. 

En este sentido, Botero recalcó que las bandas del narcotráfico “son la causa de las masacres y los asesinatos que han ocurrido en los últimos días” y añadió que los hechos son competencia de investigación de la Fiscalía. Sin embargo, aseguró que las Fuerzas Armadas atacarán "duramente" dichas estructuras. 

Además, el jefe de la cartera insistió en que la medida anunciada por el presidente Iván Duque del despliegue de 2500 uniformados en el departamento, que integrarán la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4, desde diciembre próximo, será un factor decisivo para la estabilización de orden público.

Con respecto a la propuesta de abrir una ‘carpa blanca’ para mejorar la presencia de autoridades en comunidades indígenas, el Ministro dijo que la Fuerza Pública considera oportuna dicha iniciativa pero que aún no han sostenido una conversación con los delegados sobre el tema. 

Por otra parte, informó que en los próximos días habrá un “incremento significativo en las recompensas. Lo que se está ofreciendo no ha motivado lo suficiente”.

El consejo de seguridad desarrollado por el Ministro de Defensa junto a la cúpula militar y de policía para hacer evaluación local de orden público se da después de dos masacres en el Cauca.

Exigen al Estado más eficacia para frenar violencia en el Cauca

Al tiempo que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se desplazó a este departamento, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó en un comunicado que “la comunidad Nasa ha dado repetidamente la alarma a las autoridades sobre las amenazas a su seguridad. A pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos colombianos, los pueblos indígenas continúan enfrentando grandes riesgos, especialmente líderes religiosos o comunitarios”.

Urgió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al Estado colombiano “una vez más la urgente necesidad de una protección efectiva y medidas preventivas para los pueblos indígenas en todo el país, y particularmente en la región del norte del Cauca, en línea con su derecho a la tierra y su derecho a la libre determinación, como lo reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007”.

De igual forma el organismo de Naciones Unidas pidió una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre el asesinato el 29 de octubre en el norte del Cauca de cinco integrantes de la Guardia Indígena, hecho en que también resultaron seis personas heridas, que las autoridades atribuyeron a una disidencia de las Farc.

Así mismo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU instó “a las autoridades a romper el ciclo de impunidad en relación con las amenazas, el acoso y los asesinatos contra los pueblos indígenas. Instamos al Gobierno a responder a esta dramática situación de manera integral y consultiva, y no simplemente a través de una mayor presencia militar”.

Esto último después que el presidente Duque anunciara el pasado jueves tras presidir un consejo de seguridad en Santander de Quilichao (Cauca) por la masacre contra los integrantes de la Guardia Indígena, que enviaría 2.500 soldados para reforzar la seguridad.

Finalmente la Oficina de ONU indicó que “recordamos al Gobierno que cualquier medida preventiva y de protección que afecte a los pueblos indígenas debe acordarse con sus propias autoridades, de conformidad con sus tradiciones y prácticas consuetudinarias, autonomía y jurisdicción”.

En lo corrido del año, la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia ha documentado 52 asesinatos en el norte del Cauca en territorio Nasa. De las 52 personas asesinadas, 11 eran defensoras de derechos humanos. Además, el pueblo Nasa ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques.

En total, la Oficina ha recibido informes de 106 asesinatos de defensores de derechos humanos en lo que va de 2019.

Por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José  Miguel Vivanco, trinó: “Estas masacres no pueden seguir ocurriendo en Colombia. Octubre 2019: Cajapí (Tumaco, Nariño) Octubre 2019: Tacueyó (Toribio, Cauca) Octubre 2019: Santa Elena (Corinto, Cauca).

En tanto que el gobernador del Cauca, Óscar Campo, consideró que la violencia que se está presentando en los últimos meses en el departamento no es la misma que se ha registrado en las últimas décadas. “Hay algo diferente a la guerra que hemos vivido en los últimos 50 años, porque esto ya no tiene extremos, no tiene antecedentes, y nos preocupa mucho”.

El Mandatario regional consideró que el narcotráfico es la causa de esta espiral de violencia en esta región. “Lo que nos confirma la Fiscalía es que efectivamente hay compradores internacionales en el departamento, mas no estructuras mexicanas posicionadas en el territorio”, señaló Campo.

Sentenció el Gobernador que “mientras existan las economías ilegales no terminará la barbarie ni las muertes en el departamento”.

ONIC

Horas después que el pasado jueves el presidente Duque anunciara medidas para frenar la violencia en el Cauca, entre otras la llegada de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido, se produjo una nueva masacre en el Cauca. Cuatro miembros de un equipo de ingenieros y topógrafos que desarrollaban trabajos de reconocimiento de la zona de Corinto fueron asesinados en zona rural de la vereda Santa Elena, de Corinto, y uno más en la vereda Guasanó, de Caloto.

Frente a este nuevo hecho el consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, dijo ayer que “ya sabemos que la militarización no es la solución. No habían pasado 24 horas de la masacre en Tacueyó y ya se presentaba otra en Corinto, Cauca. El conflicto se va a profundizar”.

Arias ha señalado que a pesar de la existencia de siete batallones militares en Cauca han sido asesinados 122 indígenas en lo que lleva este Gobierno y se mantiene el narcotráfico. Por ello ayer dijo que “desde la ONIC le solicitamos a Iván Duque la renuncia inmediata del ministro Guillermo Botero. No es posible que en estos días tengamos que registrar 14 asesinatos en Cauca, Antioquia y Putumayo”.

El dirigente indígena anunció también que “solicitaremos la presencia urgente en Colombia” de Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial para los Pueblos Indígenas de ONU.

Gobierno

El consejero para la Seguridad, Rafael Guarín, indicó ayer que “se dificulta mucho garantizar la seguridad y la protección de los indígenas si son las mismas comunidades las que se oponen a que las Fuerzas Militares puedan cumplir su mandato”.

Guarín consideró que la situación que vive el Cauca se explica por el crecimiento de los cultivos ilícitos por “políticas equivocadas” del anterior gobierno y además “en el norte del Cauca, el gobierno del presidente Duque recibió mermado el pie de fuerza de las Fuerzas Militares”.

El Consejero señaló que “el Gobierno tiene claro que las autoridades indígenas no quieren el narcotráfico, no quieren cultivos ilícitos, que las autoridades indígenas tienen la misma preocupación del Gobierno por garantizar la seguridad y la protección de los pueblos indígenas. Por eso creemos que tenemos que superar esas diferencias y avanzar hacia un modelo que nos permita coordinar y articular respetando las autonomías indígenas, pero también las competencias del Gobierno y de la Fuerza Pública