UN PLAZO de dos meses dio la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para pagar a las Empresas Prestadoras (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), $1 billón, que corresponden a la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final y que están pendientes.

La Corte recordó que el Gobierno se comprometió a cancelar de manera definitiva esta deuda: “Se estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS”, dice parte del texto difundido por la Corte.

Entre los hallazgos de la Sala, se encontró que para el 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda, que, según el Gobierno, se completaría en agosto del 2022. Así mismo, evidenciaron que existen montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo, mientras que hay sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales. 

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Nueva deuda

También, dicen que “a partir del año 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios”. 

“Sumado a los valores pendientes, la Sala identificó que los actores del sector salud señalaron que, en relación con la nueva deuda que estaba surgiendo en materia de recobros (a partir de 2020), se les adeudaba más de un billón de pesos por este motivo, y que el origen de esas obligaciones se relacionaba, en gran medida, con servicios prestados durante la emergencia por covid-19”, indican. 

A esta decisión del Alto Tribunal, se le debe añadir la que profirió a comienzos de este mes la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, al alertar que hay un bajo nivel de cumplimiento respecto a la suficiencia de los Presupuestos Máximos. 

La Corte estableció que: primero, cada colombiano tiene derecho a un plan de beneficios en salud (PBS) en el que están incluidos casi el 91% de servicios y tecnologías en salud; segundo, el costo de ese plan lo pagan las EPS con la plata que el Estado les da mensualmente (que se le conoce como la unidad de pago por capitación - UCP); tercero, el 9% restante de servicios y tecnologías que no están en el PBS las aseguradoras las pagan con una plata extra (también del Estado), que se le conoce como Presupuestos Máximos; y cuarto, ese porcentaje por fuera del PBS se refiere a los servicios y tecnologías novedosas para el tratamiento de alguna enfermedad.

La plata

La Corte dijo que la plata para pagar los presupuestos máximos no está alcanzando, que hay retrasos en los pagos, que por eso hay deudas con las EPS y que esa situación está afectando a los pacientes.

Entonces, le dijo al Ministerio de Salud que esas deudas hay que pagarlas y, además, idearse un mecanismo para calcular mejor esos presupuestos.

Esta orden deja mal parado al ministro Guillermo Jaramillo, quien entre agosto y noviembre del año pasado trató hasta de mentirosas a las EPS por el tema de discusión.

Con lo que ordenó la Corte deja en claro que en 45 días el Minsalud tendrá que cancelar las deudas por reajustes a los Presupuestos Máximos de 2021 y presentar un cronograma con las acciones para pagar las deudas de 2022.