Se han posesionado 35 magistrados de los 38 que serán titulares en diferentes salas

__________________

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue avanzando en su montaje y nada le impide actuar a pesar de que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la ley estatutaria que reglamenta esta instancia que se encargará de aplicar justicia transicional por los miles de crímenes y otros delitos que se cometieron en el conflicto armado. Así lo señaló ayer la presidenta de la nueva corporación, la magistrada Patricia Linares.

 “Eso no quiere decir que la JEP no puede actuar mientras se expide la ley de procedimiento; sencillamente la JEP entra a operar el 15 de marzo si la memoria no me falla, y podrá empezar a actuar con su reglamento interno y con las decisiones de esta Corte que le dan lineamientos a los magistrados”, dijo Linares.

Añadió sobre el fallo del pasado jueves que declaró exequible la Ley de Amnistía e Indulto, que “esta decisión de la Corte Constitucional es un elemento más en este proceso en el que se ha venido avanzando de completar y definir el marco normativo que nos va a orientar. En esa perspectiva, contar con esta decisión facilita nuestro trabajo y da garantías y seguridad jurídica para el desarrollo de nuestra labor y especialmente para las víctimas y los postulados”.

El pasado jueves, el presidente Juan Manuel Santos posesionó a cuatro magistrados de la JEP, los abogados Eduardo Cifuentes, Jesús Bobadilla, Zoraida Chalela y Mauricio García, quienes se suman a los 31 que lo hicieron el pasado 17 de enero.

Siguen pendientes de posesionarse el exmagistrado del Consejo de Estado,  Danilo Rojas; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; y el penalista Iván González, precisamente a la espera del fallo de la Corte Constitucional sobre la ley reglamentaria de la JEP, especialmente en lo que tiene que ver con las inhabilidades que aprobó el Congreso de la República para aquellos que en cinco años anteriores hubieran ejercido representación judicial en hechos relacionados al conflicto armado, o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.

También les prohibía posesionarse a aquellos que, a título personal o por interpuesta persona, hubieran gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional. Tampoco a quienes pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.

Norma adicional

El Presidente Juan Manuel Santos indicó al posesionar esta semana a cuatro magistrados más de la JEP que “la Justicia Especial para la Paz nos va a permitir hacer la transición precisamente hacia la paz dentro de nuestro marco constitucional, nuestras leyes y nuestras obligaciones internacionales”.

Añadió el Jefe de Estado sobre la implementación de la JEP “que los magistrados ya han avanzado en sus tareas de organización, ya establecieron que es una buena noticia, que el 15 de marzo van a iniciar la atención al público y adoptar su reglamento interno. Ya definieron su estructura orgánica, su estructura funcional, ya establecieron la planta de personal que estará en cada despacho judicial y adoptaron un manual de funciones y competencias laborales”.

En enero pasado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que este mes será radicado con mensaje de urgencia en el Congreso de la República un proyecto de ley que establece las herramientas jurídicas para el funcionamiento de esta jurisdicción en materia judicial.

“Una vez reinicien las labores legislativas del Congreso de la República en el mes de marzo y se radique -aspiramos a que así ocurra- antes del mes de junio para que este proyecto de ley esté aprobado”, explicó el ministro Rivera Flórez, la iniciativa será una herramienta esencial en la trabajarán conjuntamente Gobierno y magistrados".

El Acto Legislativo 01 del año pasado creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP, producto del acuerdo de paz que la administración Santos suscribió con las Farc.

La JEP debe impartir justicia por los delitos graves cometidos en el marco del conflicto armado, y ante esta jurisdicción están obligados a presentarse los desmovilizados de las Farc.