La Procuraduría General de la Nación le pedirá al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la decisión de sala que avaló la elección de Aida Merlano Revolledo como senadora.

En caso de que la solicitud no sea acogida por la autoridad electoral, el Ministerio Público interpondrá una acción de nulidad para que la señora Merlano Revolledo, quien actualmente se encuentra privada de la libertad y es investigada por la comisión de delitos que afectan la participación política y el régimen electoral, no pueda ocupar su curul.

“Vamos a demostrar que la democracia es capaz de resistir la corrupción del sistema electoral y castigar a quienes han hecho de la política un negocio”, advirtió el Procurador, Fernando Carrillo Flórez.

Por este caso el Ministerio Público simultáneamente adelanta ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra Merlano, en su condición de Representante a la Cámara.

Así mismo, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios abrió una investigación contra la congresista.

La entidad también requirió al Partido Conservador, colectividad a la que pertenece la disciplinada, para que adelante un proceso interno por violación al régimen legal y a los estatutos de la colectividad, y al CNE le pidió investigar por qué se dio el aval a la señora Merlano y las consecuencias que esa decisión trajo a esa colectividad.

Desde el 23 de marzo la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Consejo Nacional Electoral la declaratoria de la elección de Aida Merlano Revolledo como Senadora de la República por los actos de corrupción que rodearon este proceso y que hoy son investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Para la Procuraduría la resolución de la autoridad electoral que denegó la solicitud de abstención de declaratoria de elección de la Merlano, no satisface el interés público, y por el contrario se distancia, al desconocer los principios que rigen la actividad electoral, como los son la trasparencia del voto y la verdad, y porque posibilita a una persona a acceder a la dignidad democrática haciendo uso de maniobras en contra de sus votantes y el sufragio, lo cual está siendo objeto de cuestionamiento judicial.

Aunque la Procuraduría encontró fundadas razones para solicitar que no se decrete la elección de la señora Merlano, el CNE desatendió esa tesis en una decisión que no comparte el Ministerio Público, por lo que se solicitará la revocatoria directa de la actuación, para que la misma sea resuelta dentro de las diligencias de escrutinio nacional que adelanta el CNE, bajo el argumento de que la decisión contraviene los numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para la Procuraduría la declaratoria de esa elección atentaría contra el interés público y permitiría la vulneración de los principios de transparencia y participación establecidos en el régimen electoral. La señora Merlano se encuentra interdicta de sus derechos democráticos, al haber sido objeto de medida de aseguramiento de privación de su libertad. Del mismo modo está suspendida en ejercicio de sus funciones como congresista por la Procuraduría y se decretó en su contra el máximo castigo que las organizaciones democráticas prevén para sus propios asociados, elegidos en nombre suyo en las corporaciones públicas, como es haber sido objeto de declaración de la “silla vacía” por parte del Partido Conservador.

“Los comportamientos mediante los cuales lograría su elección son inadmisibles. Permitir la posesión sería permitir que se defraude la confianza pública y se tergiverse la voluntad democrática”, insistió el jefe del Ministerio Público.