El consejero de la Onic  Luis Fernando Arias, dijo a EL NUEVO SIGLO que la presencia de Estado debe estar enfocado en lo social 

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El Gobierno ha culpado al narcotráfico por la ola de violencia que se registra en el Cauca, en donde la semana pasada se produjeron dos masacres que dejaron 10 personas muertas, cinco de ellas indígenas.

Uno de los problemas que se presenta en este departamento es que en algunos resguardos indígenas hay la presencia de cultivos ilícitos, en su mayoría cada uno de estos menores a las 100 hectáreas.

El consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, ha señalado que “hay una serie de impedimentos que dificultan el imperio de la ley, y que terminan facilitando las actividades ilegales y la presencia de los grupos armados organizados. Varios ejemplos: el primero, en los resguardos indígenas no se puede hacer erradicación manual de los cultivos ilícitos, a menos que se haga consulta previa, y esa situación ha hecho que surjan y se extiendan los cultivos en zonas de resguardo, no solamente en el norte del Cauca, sino, por ejemplo, en el Pacífico nariñense. Esto favorece al narcotráfico y la expansión de coca y marihuana”.

Sin embargo, el consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, dijo a EL NUEVO SIGLO que “cultivos ilícitos hay en todo el país y los resguardos indígenas no son la excepción, por ejemplo en esta región del norte del Cauca. En esta región estamos esperando son los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito que se acordaron en el proceso de paz, que fueron parte del acuerdo de paz, porque a la comunidades se les prometió una serie de proyectos para avanzar”.

Añadió Arias que “es una  gente que está condenada a morirse de hambre o a morirse por la violencia, tampoco puede ser así. Por eso la presencia del Estado que se requiere en esa región es social, para que cumpla con el acuerdo de paz, con los planes de sustitución de cultivos. Esa es la presencia que queremos ver del Estado  en esa región del norte del Cauca”

De acuerdo con la medición a 2018 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que hace la ONU, las zonas de manejo especial en Colombia, como son Parques Nacionales Naturales (PNN), resguardos indígenas y tierras de comunidades negras, concentran el 47% de los sembradíos en el país, que este organismo cifró en 169 mil hectáreas.