Plataformas digitales, a debate en el Congreso | El Nuevo Siglo
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Domingo, 16 de Febrero de 2020
Redacción Nacional

Algunos de los proyectos se concentran en el contrato laboral y otros en regulación de las aplicaciones de transporte. El Gobierno busca cuál apoyar

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Coincidiendo con la salida de Uber del país, varios proyectos de ley se tramitan en el Congreso para regular las plataformas digitales y el trabajo en las mismas.

La discusión se prevé álgida en las comisiones relacionadas con asuntos laborales y con las tecnologías.

Los protagonistas de estos proyectos son los congresistas Jorge Robledo, Rodrigo Lara, Andrés García, Alfredo Deluque y Mauricio Toro quienes desde diferentes partidos esperan regular las plataformas y su funcionamiento en Colombia superando el vacío que existe frente a la legislación.

 

1. Equilibrio en transporte público

 

El senador Robledo, del Polo Democrático, anunció que en marzo presentará un proyecto de ley que tiene varios criterios básicos: “Primero, que la ley deje en las mismas condiciones a quienes estén en el negocio de los taxis en Colombia. No puede ser una ley que deje a unos taxistas como bobos y a otros como vivos, sino que las condiciones deben ser iguales para todos, además el servicio de transporte en Colombia debe seguir siendo considerado un servicio público completamente reglamentado por el Estado, el servicio público es una categoría especial de la economía como los bancos y la salud y otras cosas, el transporte debe seguir siendo considerado así”.

Así mismo, Robledo indicó que “los vehículos que presten este servicio deben ser especiales para esta finalidad. Y además el Estado debe reglamentar este servicio para todos de manera igual. De la misma manera, los conductores de los taxis deben tener plenos derechos laborales, como los de todas las plataformas. Igualmente todas las empresas deben pagar los mismos impuestos, el mismo impuesto de renta. Ninguna empresa de taxis puede pagar IVA, porque ningún servicio público en Colombia lo paga. Por último, el Estado debe ser el que regule las tarifas, los sistemas pueden ser muchos pero la tarifa debe ser igual para todos”.

Robledo aclaró que el proyecto está en construcción y solo hasta marzo estará consolidado para ser radicado.

 

2. Regulación del trabajo digital

 

El proyecto de ley del senador Lara (Cambio Radical) busca regular el trabajo digital realizado a través de las empresas de intermediación digital, como las plataformas. Según la exposición de motivos del proyecto, “se busca definir claramente las protecciones y beneficios que las plataformas móviles, en su función de Empresas de Intermediación Digital, deberán proveer a las personas que prestan los servicios y realizan el objeto social de estas últimas”.

“En principio, estas protecciones y beneficios deberán mezclar las garantías y protección dadas a los trabajadores en el marco de una relación clásica de trabajo, con la flexibilidad de la contratación civil por prestación de servicios atendiendo a la naturaleza de esta ocupación. En todo caso, los empleadores cuyo modelo de negocio se siga realizando a través de una relación ‘fordista’ o industrial clásica no podrán mutar o sustituir su tipología de contratación, en la medida en que, bajo ninguna circunstancia, el presente proyecto de ley ignora o deroga el principio constitucional del contrato realidad o principio legal de la realidad sobre las formas”, es decir que las empresas no consideradas digitales no podrán migrar a esta forma de contratación”.

El proyecto crea una categoría nueva que se llama trabajador digital económicamente dependiente que “debe ser sujeto de protección del Sistema General de Seguridad Social, en el marco del reconocimiento del servicio que le presta a la Empresa de Intermediación Digital”.

La iniciativa pretende que “las Empresas de Intermediación Digital a través de sus plataformas móviles” cuenten “con suficiente margen para asumir por lo menos la mitad de la seguridad social debido a que sus costos fijos son bajos y cuentan con las ventajas económicas propias de las economías disruptivas, como poder de mercado y mayor margen de ganancias”. El proyecto también permite la asociación de los trabajadores digitales.

 

3. Orden en transporte de pasajeros

 

Toro, representante por Bogotá de la Alianza Verde, radicó dos proyectos: el 292 y el 296. El primero lo trabajó junto con el representante Edwin Ballesteros (Santander/Centro Democrático) y el senador Andrés García (Partido Social de Unidad Nacional, La U)

La iniciativa –que cuenta con el apoyo del Gobierno, tal como lo anunciaron la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el consejero Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz– busca “equilibrar la cancha”, para que los taxistas y los conductores de plataformas puedan competir en condiciones equitativas.

El articulado propuesto busca “desmontar gradualmente el esquema de cupos, pues hoy es la tecnología la que mide la oferta y la demanda en tiempo real”; además, obliga a las plataformas a tener los mismos seguros que los taxistas y obliga a los conductores de plataformas a tener una licencia de conducción igual a los taxistas y crea la posibilidad de que los taxistas tengan una tarifa dinámica. Por último, las plataformas “tendrán que pagar impuesto de renta sobre la tarifa completa en Colombia”.

 

4. Contrato digital especial

 

El segundo proyecto de Toro, construido con los representantes Jenifer Arias (Meta/Centro Democrático) y Rodrigo Rojas (Boyacá/Partido Liberal), busca crear una forma de contratación especial, diseñada para la realidad de un mundo digital, protegiendo los derechos de los colaboradores, y dando estabilidad a las plataformas digitales.

Según el representante Toro, “en las plataformas no puede haber un contrato laboral pues este exige exclusividad, horarios fijos y subordinación. Los colaboradores digitales necesitan lo contrario: autonomía y flexibilidad”, es decir, “trabajar a cualquier hora, en una o varias plataformas, en cualquier zona”.

La iniciativa busca que “las plataformas asuman ARL y seguros para proteger al colaborador y sus ingresos, mientras que el colaborador asume los aportes a salud y pensión. Los aportes serán flexibles, calculados sobre los ingresos del mes anterior”.

La exposición de motivos de la iniciativa plantea que “la tendencia lleva a entender la interacción entre los colaboradores y las empresas como una relación autónoma de prestación de servicios, con una particularidad especial: la vinculación a través de medios digitales. La amplificación del alcance de la protección laboral proporciona una vía de transición del empleo informal al formal, al mismo tiempo que se asegura de que estos trabajadores disfruten de los derechos básicos de los trabajadores y de seguridad de sus ingresos dentro de un ambiente de innovación disruptiva”.