La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evaluará la expulsión del general (r) Mauricio Santoyo por sus presuntos incumplimientos a los aportes a la verdad en la indagación que se adelanta en su contra por desapariciones forzadas.

Según lo señalado por la Sala, el aporte a la verdad de parte de Santoyo ha sido insuficiente, luego de negar en dos ocasiones su participación en la desaparición de personas, así como su supuesta relación con paramilitares.

"El aporte de verdad del compareciente Mauricio Alfonso Santoyo Velasco hasta el momento es insuficiente para entender satisfechas sus obligaciones dentro del Sistema y la garantía de los derechos de las víctimas, y por ende ha incumplido con los deberes y obligaciones que tiene con el Sistema Integral para la Paz en la presentación y cumplimiento de su régimen de condicionalidad, y la actitud adoptada en el trámite transicional no contribuye efectivamente al cumplimiento de las finalidades de reparación, la consecución de la verdad y la reparación del daño causado a las víctimas", indicó la Jurisdicción.

Los casos en los que el general (r) se ha negado a aportar verdad plena sobre lo ocurrido, fueron en las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y en el de Ángel José Quintero Mesa, ambos defensores de derechos humanos.

En ambas acusaciones, por las cuales ya fue juzgado por la justicia ordinaria, aseguró no haber tenido alianzas con los miembros de grupos paramilitares, señalando que en el momento en el que fue presentado en Estados Unidos, acepto su participación como parte de una estrategia jurídica; sin embargo, afirma que es inocente.

Para la Sala de la JEP, la actitud de Santoyo no ha sido acorde al objetivo de buscar la verdad sobre los hechos ocurridos.

Tribunal de Bogotá negó su libertad

Según información de Blu Radio, el Tribunal Superior de Bogotá habría negado un habeas corpus, solicitado por la defensa de Mauricio Santoyo.

En la solicitud se afirmaba que el acusado superó el término de cinco años previsto por la norma, por lo cual debería ser dejado en libertad por vencimiento de términos; no obstante, el juzgado decidió negarle la petición.