Una polémica decisión tomó ayer el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá. Se trata de un fallo que exonera a los hermanos Nule de pagar 237 mil millones de pesos por los daños  y perjuicios económicos ocasionados a Bogotá, con el escándalo del carrusel de la contratación. 

Abogados del IDU pedían a los contratistas Nule una indemnización de 237 mil millones 943 mil pesos, solicitud que negó el togado. 

El despacho judicial, en un fallo de primera instancia, que ya fue apelado por el Distrito, señaló que "no se probó que Guido Alberto Nule Marino, Mauricio Antonio Galofre Amín, Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel Francisco Nule Velilla causaron un daño material que estuviera relacionado con los hechos y delitos por los que fueron condenados y por eso el juez decidió absolverlos de responsabilidad civil contractual".

Así las cosas, ¿cuáles son las vías que tiene el Distrito para que los Nule paguen por los daños que ocasionó el escándalo de corrupción?. Primero va a apelar, pero para esto tiene cinco días para sustentar los argumentos de la apelación. 

El juez manifestó que el Distrito debía demostrar "cuál fue el perjuicio ocasionado y cuales los daños con esos comportamientos específicos, situación que no se cumplió".

Para cuantificar esos perjuicios y determinar la suma que debía repararse a la ciudad, el IDU contrató a un perito que hizo el cálculo. No obstante, según el Juzgado, si bien no se pueden desconocer las calidades de ese profesional y el componente técnico de su estudio, dicho informe se basa en “supuestos no verificados” que no permiten cuantificar los perjuicios.

La Procuraduría respaldó esta tesis y advirtió que el ejercicio fue, en esencia, académico. En su concepto, la Procuraduría indicó: “El perito (profesional contratado por el IDU) se basó en lo que se pretendía con (la puesta en marcha) de Transmilenio y no con lo que realmente aconteció y, por esta vía, alegó que se basó en daños hipotéticos o eventuales, lo que, por demás, no son resarcibles, pues son inciertos”.