Declararse impedido para supervisar la investigación penal relacionada con las denuncias de presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Iván Duque le solicitaron al fiscal Francisco Barbosa las ONG Transparencia por Colombia y Dejusticia.

Igualmente, le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia designar a un fiscal ad hoc que lidere estas investigaciones, a partir de una terna que el presidente Duque elabore con personas que no hayan tenido relación con su campaña presidencial ni con su gobierno. “Este fiscal ad hoc debe contar con la independencia y capacidades suficientes para adelantar de manera ágil y eficiente la labor encomendada”, aseguran las ONG.

Según las organizaciones, la solicitud “se basa en la relación personal y profesional que ha existido” entre Duque y Barbosa, “las cuales configuran un conflicto de interés para el fiscal Barbosa. Esta medida se hace aún más necesaria teniendo en cuenta que el presidente Duque derogó el Decreto 450 de 2016 que contribuía a hacer visibles ante la ciudadanía los posibles conflictos de interés de las personas ternadas por el Ejecutivo para el cargo de Fiscal General de la Nación. Al hacerlo, no fue posible realizar un debate público en esta materia, fomentando la opacidad en el poder”.

Sin contar, dicen Dejusticia y Transparencia por Colombia, que “la declaración de conflicto de interés publicada por el fiscal Barbosa (según lo requerido por la ley 2013 de 2019), tampoco hace referencia a su relación previa con el Presidente de la República. Lo anterior es preocupante porque la existencia de una relación personal (o amistad entrañable) constituye una de las circunstancias en las que se presenta conflicto de interés según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011”.

La citada Ley es también conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual ordena que cuando exista un interés personal que entre en conflicto con el interés general, el funcionario debe declararse impedido y que si no manifiesta dicho impedimento puede ser recusado. Una de las causales para dicho impedimento, según el parágrafo 8 de la norma es que “exista enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado”.

Según Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “estamos hablando de una investigación sobre presunto financiamiento ilegal de una campaña presidencial, es por esto que todas las medidas frente a un conflicto de interés deben tratarse de la manera más transparente, oportuna y proactiva”.

Vivian Newman, directora de Dejusticia, indicó que “ante la evidente relación preexistente entre el Fiscal Barbosa y el Presidente Duque, se requiere un fiscal independiente que lidere estas investigaciones y que no sea elegido, ni reporte directamente a Barbosa”.

Según las organizaciones, si bien, el fiscal Barbosa ordenó compulsar copias de estas denuncias al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Corte Suprema de Justicia, esto no es suficiente, “la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de investigar la comisión de delitos y esto incluye, los delitos electorales. Es más, la Ley 1864 de 2017 trae una serie de delitos electorales nuevos que podrían haberse cometido en este caso. Por lo tanto, es este órgano el que debe mantener un rol activo en las indagaciones de individuos que aún recaen sobre su competencia”.

Y agrega que, debe ser la justicia la que debe definir de manera prioritaria “si lo expuesto en las transcripciones de audios conocidas por la opinión pública constituye algún delito electoral. El proceso de investigación debe responder a la expectativa ciudadana de procesos transparentes y resultados contundentes”.

Las interceptaciones al ‘Ñeñe’ Hernández las realizaron las autoridades de manera legal en medio de la investigación que se adelanta por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo del reconocido empresario barranquillero Carlos Rodríguez. Al parecer, Hernández habría estado involucrado junto con el extinto narcotraficante ‘Marquitos’ Figueroa.

En uno de los audios interceptados, el ‘Ñeñe’ habla de una supuesta compra de votos que habría favorecido al actual presidente Iván Duque en el departamento de La Guajira.