Diez días después de que presentara su renuncia la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, se produjeron ayer las primeras capturas por el escándalo de corrupción en un contrato que hizo esta cartera con la unión temporal Centros Poblados para la implementación de internet en al menos 7 mil escuelas públicas rurales, para el cual se descubrió que el adjudicatario presentó pólizas de cumplimiento falsas.

Uno de los capturados es Emilio Tapia, quien fue detenido por efectivos del CTI en una clínica de Barranquilla. El empresario cordobés es recordado porque fue condenado a 17 años de prisión por el escándalo de corrupción que se presentó en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, conocido popularmente como ‘el Carrusel de la Contratación'.

No obstante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rebajó su sentencia a siete años y cinco meses en prisión.

En 2019 un juez concedió la prisión domiciliaria a Tapia porque cumplió las tres quintas partes de su pena, y meses después obtuvo la libertad condicional.

Los otros dos capturados por estos hechos son el representante Legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y Juan José Laverde, representante de Seguros Rave, quien estuvo a cargo de las pólizas que presentó esta unión temporal como garantía de cumplimiento del millonario contrato por más de $1 billón, de los cuales el Ministerio de las TIC le alcanzó a girar $70 mil millones antes de que estallara el escándalo.

Por estos hechos abrieron investigaciones la Contraloría General de la República, en lo fiscal; la Procuraduría General de la Nación, en lo disciplinario; y la Fiscalía en lo penal.

En el caso de esta última en agosto pasado el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que se priorizaría la investigación a cargo de un grupo de tareas especiales con base en cuatro líneas: los funcionarios públicos de dicho Ministerio que trabajaron en la estructuración y evaluación de las pólizas y otros documentos precontractuales; otra enfocada en el contratista; una en torno a la expedición de las pólizas; y una cuarta para establecer cómo se giraron esos recursos derivados del contrato de Fiducia y el contrato principal que se suscribió.

Públicamente y en un interrogatorio que rindió ante la Fiscalía, Luis Fernando Duque dijo que Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, fue la persona que hizo los trámites para la obtención de las pólizas que requería Centros Poblados para suscribir el contrato con el Mintic.

"Rave actuó como ese eslabón que nos conectó con quienes nos entregaron la garantía, así que las garantías no las entregó Rave directamente. Yo no sé quién es el señor Jorge Alfonso Molina García que lo escuchó todos los días de mi vida, pero nunca lo he visto, no sé quién es él, entonces Rave fue quien nos hizo la gestión para poder obtener los documentos", dijo Duque.

Mientras que Rave Agencia de Seguros respondió que "Rave no expidió la garantía bancaria de este contrato, ya que la compañía no emite, nunca ha emitido, ni intermediado en la expedición de garantías bancarias".

Agregó dicha agencia de seguros que "Jorge Molina no es, ni ha sido parte del equipo de trabajo de Rave Agencia de Seguros. Sus actuaciones hacen parte de su esfera privada y por tanto no compromete la responsabilidad de Rave Ltda".

Las pólizas a nombre de Centros Poblados tenían firma del Banco Itaú, sin embargo esta entidad indicó que es falsa.

"Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no fueron expedidos por Banco Itaú", dijo este Banco.

Agregó que “se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos. Así mismo, como se informó en su momento al Ministerio y a los organismos de control, el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad."

Duque dijo a la Fiscalía que Intec de la Costa, una de las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, estaba a cargo de los documentos para el perfeccionamiento del contrato con el Mintic.

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El contrato

Luego de que estallara el escándalo el Mintic acudió a la cláusula de caducidad del contrato que suscribió con Centros Poblados y le impuso a la Unión Temporal una multa de $39.015 millones.

El Ministerio explicó que la caducidad del contrato 1043 de 2020 con la Unión Temporal Centros Poblados, el cual buscaba instalar un total de 7.277 Centros Digitales en igual número de escuelas de las áreas más alejadas del país en 15 departamentos, se debió a la inexistencia de la garantía bancaria que el contratista estaba obligado a entregar.

"La caducidad no se debió al incumplimiento que estaba presentando el contrato en cuanto a la primera meta de Centros Digitales instalados exigidos, sino a la inexistencia de la garantía bancaria", dijo la entonces ministra Karen Abudinen, contra quien los sectores de oposición al Gobierno promovieron una moción de censura al considerarla responsable por la situación que se había presentado.

En el debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara la entonces ministra Abudinen dijo entre otras que "no me robé esa plata, he actuado para poner las denuncias y hacer seguimiento a estas". Agregó que "he actuado con determinación y con apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargos y con toda la determinación para desmantelar la corrupción".

Tras hacerse insostenible en el cargo, el presidente Iván Duque le pidió la renuncia a la ministra Abudinen, quien oficializó su dimisión “irrevocable”.

“Presenté mi renuncia al Presidente Duque como Ministra de las TIC. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce pero segura de que actué con honradez y transparencia, con la esperanza de que la justicia castigará a quienes defraudaron a los colombianos”, dijo Abudinen.

Agregó que “los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente. Abundan todas las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se conectaron con algunos servidores públicos, hechos que denuncié oportunamente. Nunca dudé en renunciar, pero sí quise permanecer en el cargo unas semanas para cumplirle al país con las metas de conectar estas siete mil escuelas”.

De igual forma, el pasado 20 de agosto el Mintic decretó el embargo por más de $70 mil millones sobre cuentas bancarias, inmuebles y vehículos a la Unión Temporal Centros Poblados.

Por su parte Luis Fernando Duque aseguró que los $70 mil millones que recibieron como anticipo por este contrato ya fueron invertidos. “Dónde está la plata, en tres lugares, utilizamos $26.000 millones en la compra de equipos para hacer las 1.0002 instalaciones, el resto está en bodegas nuestras, $20.000 millones en equipos en bodegas y los otros recursos restantes están en equipos en aduanas”, dijo.