El abogado defensor del alcalde Enrique Peñalosa afirmó que este proceso dejó una enseñanza a los colombianos

Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de hundir la solicitud de revocatoria al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, EL NUEVO SIGLO conversó con su abogado defensor, Humberto Sierra Porto, sobre lo que viene tras dicha decisión. Sierra Porto afirmó que aunque el proceso formalmente sigue, en la práctica ya no va a ser posible la revocatoria, lo cual es un proceso que “genera una inestabilidad institucional”.

EL NUEVO SIGLO: Una vez conocida la decisión del CNE sobre la revocatoria del alcalde Peñalosa, ¿qué sigue dentro del proceso?

HUMBERTO SIERRA PORTO: El proceso como tal no ha concluido en el sentido que todavía tiene que iniciarse un trámite de investigación administrativa por parte del CNE sobre las cuentas y sobre la manera como se presentaron las cuentas. Entonces por razones de tiempo, de garantías del debido proceso y por el tiempo que se tarda el CNE por la época electoral y esencialmente por esos motivos, se dice que no va a poder decidirse a tiempo este proceso. La Constitución establece que dentro de los dieciocho meses anteriores y los dieciocho meses últimos, no se pueden realizar elecciones cuando hay falta absoluta sino que inclusivamente el presidente tendría que nombrar a alguien y eso es lo que hace que sea firme. El proceso formalmente sigue, pero en la práctica ya no va a ser posible la revocatoria; pero nosotros seguimos pendientes de lo que haga el CNE.

Objeciones

ENS: ¿Qué objeciones se presentaron ante el CNE?

HSP: El proceso de la revocatoria está pendiente de que el CNE decidiera si se cumplían los requisitos para expedir la certificación de cuentas y finanzas de la campaña de recogida de firmas.  Para que exista la revocatoria se requieren dos requisitos: recoger las firmas y haber cumplido con las finanzas. En el segundo aspecto ellos presentaron las cuentas, nosotros hicimos una serie de objeciones y en el CNE un magistrado nos revisó las cuentas y acudimos a un auditor especial a que revisara esas cuentas. Los magistrados y el auditor especial decidieron que había serios motivos para abrir una investigación administrativa e incluso compulsaron copias; y en este momento el CNE tendría que iniciar ese trámite administrativo de verificación si debe sancionarse o no y si se cumplen los requisitos o no.

En principio con ese paso se le da la razón a que prácticamente hay unas irregularidades que tienen que ser investigadas y que probablemente pide que se pueda hacer la certificación de finanzas.

ENS: ¿Tiene el comité promotor alguna posibilidad de apelación?

HSP: En este momento la situación está en que la ley establece que se hace un procedimiento administrativo, ya se inició. El único recurso sería ante el mismo Consejo, se podría pedir una reposición, pero la reposición la van a decir los mismos magistrados que ya decidieron que eso va adelante; entonces probablemente o no proceda, o no es el caso que vuelva a reconsiderarlo el CNE. Si para decidirlo en esta ocasión se tardó como tres o cuatro meses, si lo vuelven a someter allí, ahí si impedirían que ni siquiera empiece la investigación.

ENS: ¿Quién gana y quién pierde ante esta decisión tomada por el CNE?

HSP: Gana la ciudadanía porque va a tener la estabilidad de un gobernante que va a tener la oportunidad de terminar su periodo; gana el sector del ciudadano que votó por el alcalde Peñalosa porque se le da la oportunidad de que él pueda rendir cuentas después de que ejerza su mandato cuando todavía no ha tenido tiempo de realizar todo su programa y espero que ganemos todos los colombianos sacando enseñanzas de la manera como se está tramitando este tipo de procesos; también ganan los sectores de oposición porque tuvieron la oportunidad de, utilizando la revocatoria del mandato, tener un reconocimiento ante la opinión pública.

Sin duda alguna se generó una etapa de gobierno durante una temporada de aproximadamente un año en los cuáles se provocó cierto grado de inestabilidad institucional, de incertidumbre por la estabilidad del gobierno que eso no le conviene a nadie; no le conviene  a las finanzas ni a las inversiones. Eso no es lo más sensato y conveniente para la estabilidad institucional y también ese tema hay que regularlo mejor; sin duda alguna es la gran enseñanza de todo esto para que nos de seguridad al alcalde el saber a qué atenerse y a la ciudadanía para saber cuándo y cómo le deben responder ante sus solicitudes de insatisfacción con sus gobernantes.

ENS: ¿Es decir que el alcalde Peñalosa logrará finalizar su administración?

HSP: Si, con la decisión que se tomó en la práctica, ya no hay tiempo para hacer una entrada al procedimiento de revocatoria del mandato. Como ciudadano lo que espero es que tenga tiempo y la tranquilidad para cumplir con todas las promesas que hizo en la campaña electoral.

ENS: ¿Cuánto se ha cumplido dentro del Plan de Gobierno del alcalde Peñalosa?

HSP: Como un tema interesante. Cuando empezó el proceso de revocatoria del mandato hubo una gran discusión sobre si ésta se podía pedir simplemente porque había un malestar de la ciudadanía o si era necesario que se pidiera, argumentando cuáles eran los planes del plan de gobierno que estaban siendo incumplidos; es decir, si la revocatoria era por incumplimiento del programa o solo por malestar de la ciudadanía. Ese tema en este momento está en manos de la Corte Constitucional y probablemente la decisión de la Corte va a servir para tratar de evitar que se utilice de alguna manera poco seria en la figura de la revocatoria del mandato. Es decir, en este momento se presentaron aproximadamente más de cien solicitudes de revocatorias al mandato que si se hubieran llevado a cabo, ni dinero, ni tiempo, ni capacidad del Estado para hacerlo. Entonces la idea es nacionalizar esa figura para que efectivamente cuando se pueda hacer, los ciudadanos tengan la satisfacción de que se decida rápidamente y lo mismo el Alcalde.

ENS: ¿Cuánto representa en dinero no hacer esta revocatoria?

HSP: Se hablaba de unos $50 mil millones alrededor de una consulta de este tipo, pero eran cifras muy estimadas porque la convocatoria como tal no se ha hecho todavía en Bogotá, eso tiene unas dimensiones diferentes, una consulta de algo parecido estaba alrededor de unos 30 a 50 mil millones de pesos.