Sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 12 años, impuso la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por irregularidades en procesos de contratación pública cuando se desempeñó en el cargo, entre 2012 y 2015.
Los hechos se relacionan con anomalías contractuales en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos, que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.085 millones.
El Ministerio Público informó que de acuerdo con la investigación disciplinaria, el exfuncionario, luego de la declaratoria de calamidad pública por la sequía que afrontaba la ciudad, suscribió de forma directa el contrato con una firma que no tenía la idoneidad ni la experiencia requerida para cumplir con las características técnicas que exigía esa obra.
Agrega la decisión que como consecuencia el contratista incumplió el contrato, ya que uno de los pozos no podrá entrar en funcionamiento por graves deficiencias en su construcción.
Dice el organismo de control que esa situación vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación con recursos públicos.
En desarrollo del mismo proceso, también fue destituido e inhabilitado por 11 años el exgerente de Proyectos de Infraestructura de Santa Marta, Efraín de Jesús Vargas Corvacho, quien ejerció el cargo de enero a octubre de 2014, que tuvo la obligación de hacer los estudios previos.
Para la Procuraduría, la conducta cometida por los ex funcionarios es considerada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
De otra parte, el senador verde Antonio Sanguino demandó ante el Consejo de Estado la designación de Andrés José Rugeles como alcalde encargado de Santa Marta.
Rugeles, secretario de Transparencia de la Presidencia, remplaza a Rafael Martínez, quien tiene detención domiciliaria por un proceso que le sigue por presunta corrupción en la contratación de obras de remodelación de la red hospitalaria.