Una investigación disciplinaria en contra del representante legal de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, y su antecesor Hernán Alfonso Briceño, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud, fue abierta por la Procuraduría General.

Las investigaciones, que están relacionadas con inconsistencias contables y financieras, también vinculan a  los miembros de la junta directiva de la EPS, Jorge Eugenio Gómez Cusnir, Mauricio Arturo García Ortiz, María Inés Agudelo  Valencia, Felipe Baptiste Liévano, Jesús María Ballesteros y Blanca Elvira Cajigas de Acosta.

Así mismo, se investiga si la EPS podría haber utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para el pago de  gastos administrativos, algunos de los cuales no tendrían sustento legal, como millonarias bonificaciones y honorarios. Otros gastos inexplicados, habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados.

Dentro del proceso también se encuentran hallazgos relacionados con el presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus propios accionistas,  y el pago de facturas con sobrecostos a varios proveedores.

El órgano de control es competente para investigar al representante legal de Medimás y su junta directiva, teniendo en cuenta que la EPS, como administradora de los recursos de la salud, maneja dineros públicos por tratarse de parafiscales que tienen destinación específica.

La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas y escuchará en versión libre a los investigados si así lo solicitan.

Es de recordar que tanto el Ministerio Público como la Contraloría General avanzan en el seguimiento conjunto a la operación de Medimás, con énfasis en la vigilancia sobre el uso de los recursos de la UPC y la revisión de los informes entregados por el contralor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, según los cuales la EPS presenta un patrimonio negativo, estimado en -$178.000 millones.

Esta semana, la Procuraduría logró que un tribunal suspendiera la venta de la EPS a una compañía de origen norteamericano y los dos organismos de control han insistido en que lo importante en la actualidad es la atención a los más de cuatro millones de usuarios con que cuenta la prestadora de salud.

La CGR le ha señalado a la Superintendencia de Salud, además, que tenga en cuenta los informes que muestran la crítica situación financiera de Medimás, entregados mes a mes por el Contralor con funciones de revisoría fiscal que designó allí esa misma entidad.