La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Tierralta, Córdoba, convocar un Consejo de Seguridad extraordinario con autoridades locales y nacionales, para adoptar las medidas de protección en favor de siete concejales de esa localidad amenazados de muerte si no abandonan sus cargos en 48 horas.
La solicitud se hace luego de conocer la denuncia interpuesta por los cabildantes ante la Fiscalía, seccional Montería, sobre el ultimátum en el que se les acusa de oponerse a los proyectos de acuerdo presentados por el alcalde y se les conmina a renunciar.
Simultáneamente, el Ministerio Público requirió a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que realice la evaluación inmediata del nivel de riesgo y proceda a asignarles medidas de protección por trámite de emergencia, garantizando así el ejercicio libre y seguro de sus funciones.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos condenó enérgicamente las amenazas y aseguró que este grave hecho constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y un atentado contra la democracia local.
La Procuraduría exige respuestas claras y efectivas de todas las instituciones competentes para evitar cualquier vulneración adicional a la vida e integridad de los concejales amenazados y se mantendrá vigilante frente a la evolución de esta situación.