Esta semana, la muerte violenta de al menos 10 personas prendió las alarmas sobre la situación de conflictividad en el Cauca, donde la paz no ha llegado.

El jueves fueron encontrados los cuerpos de cinco topógrafos cerca de una zona donde ocurrió, dos días antes, una masacre de indígenas.

Y es que el martes fueron asesinados cinco indígenas y seis más quedaron heridos. Las víctimas son del resguardo de Tacueyó, un territorio del municipio de Toribío. La masacre es atribuida a las disidencias de las Farc que operan en la región.

Entre los muertos está Cristina Bautista, una líder de la comunidad Nasa, dijo la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío en un comunicado.

¿Qué está pasando en esa región? Dos consideraciones opuestas saltan a la vista. Para un sector es el reflejo de las imperfecciones del acuerdo con las Farc. Pero para otro sector el incremento de la criminalidad es la consecuencia de la no implementación de lo pactado.

La punta del iceberg

Por supuesto, esas consideraciones contrapuestas responden a la posición política de quien las emite. Pero independientemente de lo que se opine al respecto, los hechos son de una gravedad insoslayable.

En enero, un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) dio a conocer la incertidumbre que existía en la región sobre la presencia de nuevos grupos armados, cuya verdadera identidad sigue siendo difícil de establecer por su constante recambio interno.

En Suárez, al occidente de Toribío, acciones de estos grupos armados cobraron la vida en diciembre de seis personas (una mujer y cinco hombres), así como un número indeterminado de víctimas confinadas.

En aquel entonces, versiones de la comunidad y del Ejército Nacional apuntaron a que las acciones armadas contra la población se habrían presentado en medio de combates entre las disidencias de las Farc y ‘Los Pelusos’ (disidencia del Epl, guerrilla desmovilizada en los 90), información alarmante si se tiene en cuenta que en casi 30 años ese grupo estuvo circunscrito al Catatumbo (más 500 kilómetros al norte). La FIP recogió dos interpretaciones sobre esa presencia. La primera se inclina por explicar que se trata de una campaña de ‘Los Pelusos’, pues habrían enviado apoyo logístico, organizacional y financiero para formar una estructura. Y la segunda –con más fuerza– cuenta que se trata de milicianos de las Farc que decidieron no participar del proceso de desmovilización y están usando la marca “Epl”, aun cuando no se descarta que en efecto tengan algún nivel de comunicación con este grupo para tener más relevancia política y social.

En todo caso, tras los crímenes el número de personas en condición de desplazamiento superó las mil.

Para la FIP, más allá de las cifras, estos hechos dejan entrever que la transición en esta región del país, desde el punto de vista del recambio de los grupos armados tras el desmonte parcial de las Farc, deja muchas sombras y preguntas.

El informe de la FIP expresó preocupación por la materialización de un rumor: que en el corredor que comunica Suárez con López de Micay y el Pacífico caucano hay un recambio de grupos violentos que recogen los legados del conflicto armado, cuyas expresiones más visibles son las criminales y que demuestran su rápida capacidad para reinventarse, dejando el saldo menos deseado: el impacto sobre la población civil.

A la luz de ese hecho, se configura un escenario más amplio y siniestro: “Estamos ante un territorio que hace parte de una región más extensa que abarca todo el Andén Pacífico colombiano, sobre el que hay consenso acerca de la falta de una estrategia oportuna de control territorial e institucional”, publicó la FIP.

Mientras esto ocurre, los habitantes del Pacífico caucano y del norte del Cauca manifiestan su preocupación por lo que la FIP ha llamado la “fragmentación organizacional y territorial de la violencia en la transición”. Según el informe, “no se puede negar la disminución de la violencia asociada al conflicto armado, pero la presencia limitada de estos grupos es un riesgo real, en especial, por su comportamiento predatorio sobre la población; más criminalizado y buscando acaparar rentas criminales preexistentes, aupadas en gran medida por la demanda de agentes internacionales y redes de narcos y traquetos. De ahí que monitorear las trayectorias posdesmovilización de las Farc seguirá siendo primordial”.

Piden acciones urgentes

Solo 47 kilómetros separan a Suárez de Toribío, en medio de los cuales se encuentran los también municipios de Caloto, Santander de Quilichao y Buenos Aires.

Así las particularidades de los crímenes cometidos en uno u otro lugar pueden ser diferentes, pero el telón de fondo es el mismo.

Una de las particularidades de lo ocurrido la semana pasada en Toribío es que las víctimas son indígenas.

La Procuraduría General de la Nación lamentó, a través de un comunicado, que hechos tan graves como los de Tacueyó hagan parte de la cadena de atentados y homicidios de los que han sido víctimas líderes de los pueblos étnicos en el país, particularmente en el departamento del Cauca, sobre los cuales se han emitido alertas que no han sido atendidas por las autoridades, con la celeridad que exige la protección del derecho a la vida.

Tras la masacre del martes, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de 2.500 militares en el departamento.

“He conversado con el señor Gobernador del Cauca y con todos los presentes en el consejo de seguridad y hemos reconocido que, en años atrás, se había desmantelado parte de estructuras del control territorial de la Fuerza Pública. Nosotros hemos querido fortalecerlas y hoy damos un mensaje adicional en el Cauca: en los próximos 40 días debe estar en operación en el departamento la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) número 4, que va a traer 2.500 miembros más de la Fuerza Pública”, dijo el Mandatario.

Duque calificó el crimen contra la comunidad indígena como “execrable” y afirmó que los responsables de la masacre son estructuras del narcotráfico, que lo que “han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar, con las armas, acallar las expresiones de las comunidades y amedrentarlas”.

El Jefe de Estado indicó además que se ha venido combatiendo a las columnas ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, disidencias de las Farc, por lo que el objetivo actual es retomar estratégicamente la presencia de la Fuerza Pública en el territorio para frenar la expansión del narcotráfico, cerrar los corredores de la droga y desmantelar estas organizaciones.

Quieren otras respuestas

Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) expresaron sus reparos a la estrategia del Gobierno de reforzar la militarización en el Cauca.

“Instamos al Gobierno a responder a esta dramática situación de forma integral y de manera concertada, y no solo a través del incremento de la presencia militar”, dijo la vocera Michelle Bachelet en Ginebra.

Por su parte, la ONIC aseguró que la forma de “detener” el conflicto es con una “estrategia integral” que incluya la implementación del acuerdo de paz.

“La situación se va a prolongar, se va a profundizar, se va a escalar mucho más. Yo creo que el conflicto lo podemos detener, y lo podemos detener si llegamos con inversión social, con una estrategia integral a las comunidades”, afirmó en rueda de prensa en Bogotá.

Entre tanto, congresistas y organizaciones de derechos humanos pidieron las renuncias de los ministros de Defensa, Guillermo Botero, e Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La segunda vicepresidenta de la Cámara, la representante por Bogotá, María José Pizarro, de la coalición Lista de la Decencia, afirmó que la situación de los pueblos indígenas en el Cauca es de “extrema gravedad”.

“En ese sentido pedimos la renuncia inmediata del Ministro de Defensa y de la Ministra del Interior por la evidente incapacidad y lentitud de sus cargos”, insistió Pizarro en sus redes social tras un encuentro con líderes de la ONIC y otras organizaciones políticas, como el partido Farc, en Bogotá.

La senadora Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, indicó que “no puede seguir un genocidio indígena” mientras el Gobierno “responde como si nada pasara”.