Este dilema, confesado la semana que termina por el presidente Juan Manuel Santos, es el mismo de la ciudadanía.

“¿QUÉ HAGO con el Eln? ¿Sigo insistiendo? O no, como quiere la opinión pública, porque hoy la opinión pública, toda, está a favor de romper los diálogos”.

Este dilema, confesado la semana que termina por el presidente Juan Manuel Santos, es el mismo de la ciudadanía.

Porque si bien, como lo expresó Santos el miércoles en Cartagena, la opinión pública se inclina a romper los diálogos, la verdad es que hay que tomar el tema con pinzas.

El propio Santos sentenció: “cuántas vidas cuesta romper los diálogos en este momento o cuántas vidas nos vamos a ahorrar si seguimos insistiendo, pero exigiendo un mínimo de coherencia”.

Una expresión de ese dilema ciudadano se puede ver en lo manifestado por los candidatos presidenciales, toda vez que representan el espectro ideológico colombiano, tanto en sus mayorías como en sus minorías.

Así, mientras Germán Vargas Lleras consideró que “no es a punta de paros armados ni asesinando a colombianos inocentes, volando oleoductos, volando puentes, como van a arrodillar a la Nación colombiana para regresar a esa negociación”, el aspirante liberal Humberto De la Calle expresó que “no hay espacio ni apoyo para negociar con el Eln”.

Para solo citar un par de ejemplos más, de una parte el exgobernador Sergio Fajardo declaró que el Eln es incapaz de entender lo que significa una negociación, porque solo le sirve la guerra, en tanto que la exsenadora Piedad Córdoba anotó que, a pesar del dolor causado por los atentados, “insisto en que es muy importante que este proceso avance para evitar la pérdida de vidas”.

Punto muerto

Los hechos que tienen enfurecida a la opinión pública no son de poca monta.

No habían pasado 24 horas desde que el Eln anunció una tregua unilateral entre el 9 y el 13 de marzo, con motivo de las elecciones legislativas del domingo próximo, cuando el martes los guerrilleros atacaron con explosivos una caravana militar dejando cinco uniformados muertos y diez heridos.

El 10 de enero, al terminar la tregua anterior, el Eln realizó varios atentados con explosivos que dejaron ocho policías muertos y decenas de heridos. A raíz de los atentados contra la Policía, Santos congeló los diálogos que hace un año inició con el Eln en Quito.  El proceso con el que pretende conducir al desarme a los guerrilleros cayó entonces en punto muerto.

Tregua

Pero, ¿será que una tregua con el Eln sí se traduce en menos colombianos muertos?

De acuerdo con cifras recopiladas y analizadas por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), los cien días de cese el fuego bilateral y temporal entre en el Eln y la Fuerza Pública produjo “enormes beneficios en términos de la reducción de la inseguridad y el riesgo humanitario”, aunque, reconoce el informe, “la reducción del riesgo que trajo el cese el fuego no fue completa por la persistencia de las acciones violentas del Eln contra la población civil y porque, como era de esperarse por su carácter temporal, rápidamente los beneficios de la tregua se revirtieron una vez el cese llegó a su fin”.

Con todos los peros que tuvo en su momento la implementación de esa tregua, visto en retrospectiva, es claro que durante ese breve periodo de tiempo se respiró algo de tranquilidad.

Cerac registró que en estos cien días “no se reportó ningún combate entre la Fuerza Pública y el Eln. No se registró ninguna acción ofensiva que denotara una violación de los compromisos del cese por parte de la fuerza pública. No se registró ninguna acción ofensiva contra la infraestructura u objetivos de la Fuerza Pública por parte del Eln. No se presentaron en consecuencia víctimas de la Fuerza Pública o heridos o muertes de combatientes del Eln”.

“Cerac registró ocho violaciones del cese el fuego por parte del Eln con corroboración de la responsabilidad de esa guerrilla; incluso en dos de ellas el mismo Eln reconoció su responsabilidad. En estas violaciones murieron catorce personas, ninguna de ellas de la Fuerza Pública o combatiente del Eln”.

A parte de esas ocho violaciones, hay “un total de 33 acciones” que “pueden ser calificadas como probables violaciones al cese el fuego por parte del Eln”, en doce de las cuales “no se cuenta con corroboración independiente de la responsabilidad de esa guerrilla”, mientras que las 21 restantes “ocurrieron en zonas donde el Eln opera y es altamente probable que puedan tener alguna responsabilidad”.

“En esas 33 acciones murieron 26 personas, tres más quedaron heridas, 13 civiles fueron secuestrados, 14 fueron reclutados forzadamente (de los cuales uno no ha sido liberado) y 452 personas se desplazaron forzadamente”, de acuerdo con el informe fechado el 12 de enero.

Fase pública

Estos datos tienen su contraste. En octubre, otro informe de Cerac dio cuenta de que las acciones ofensivas y los combates disminuyeron 28,8 por ciento y 42,8 por ciento respectivamente durante la fase pública del proceso de paz con el Eln, en comparación con el mismo periodo de 2016, es decir, entre febrero y septiembre.

En ese momento Cerac consideró (y visto desde hoy, parece que tuvo razón) que “iniciar el cese bilateral temporal en este contexto de tendencia a la baja de las acciones violentas, hace más probable el alto cumplimiento del mismo”.

“La reducción de las acciones violentas ha traído una caída aún mayor en la pérdida de vidas”, agregó más adelante Cerac en su informe, precisando que durante el lapso febrero-septiembre de 2017, el número de vidas perdidas del Eln y la Fuerza Pública cayó en 68,6 por ciento y 60,7 por ciento, respectivamente, desde el inicio de los diálogos en comparación con el mismo período del año anterior.

Poniendo la situación en contexto, Cerac aclaró en su informe que “es imposible saber en qué proporción ha contribuido a este desescalamiento y concentración la acción militar de la Fuerza Pública y en qué proporción la mayor presencia de fuerzas de seguridad en el territorio como resultado del despliegue asociado al posconflicto con las Farc. Igualmente, cabe la posibilidad de que el Eln haya emprendido un proceso de reorganización interna y operativa que impacte en sus acciones, pero para sustentar tal hipótesis no hay evidencia documental pública hasta ahora”.