Tras la citación de una audiencia pública por parte de la Corte Constitucional, que se llevará a cabo este mes y que pretende analizar la propuesta del Gobierno frente a la fumigación aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos, expertos le manifestaron a EL NUEVO SIGLO, su posición frente al uso de este mecanismo y la decisión que debe tomar el ente judicial.

Para el consultor en seguridad y defensa, Jhon Marulanda, la Corte debería dar el aval de acceder de nuevo al uso de este mecanismo por varias razones: la primera, porque el glifosato se sigue utilizando en Colombia y en otros países en diferentes cultivos.

En segundo lugar, porque “fue la única manea expresa en que un Gobierno pudo reducir los cultivos ilícitos de coca a 40 mil hectáreas”, y tercero, porque según explicó el experto, a raíz de la suspensión de la fumigación con glifosato, esos cultivos llegan hoy a “más de 240 mil hectáreas, poniendo a Colombia como principal productor de cocaína del mundo y generando todos los problemas de violencia”.

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Sin embargo, Marulanda señaló que, en beneficio del país y en búsqueda de una paz, esa autorización se debe dar con las condiciones técnicas del caso: “Con altura, con tiempos, y saber qué tan fuerte va a ser la mezcla”.

Aseguró que los estudios del manejo de este herbicida no han sido “conclusivos”, porque no han señalado que “sea generador del daño en seres humanos”, debido a que “se sigue utilizando en otros cultivos en el país y de ellos no se ha dicho nada de consecuencias colaterales para los humanos”.

Frente a ello, manifestó que este tema ha sido “magnificado y utilizado por la izquierda que le interesa que estos cultivos de hoja de coca sigan, porque de ahí está saliendo el dinero que sostiene tanta organización de extrema izquierda como el Eln, las Farc, el Epl y otras. Entonces, ahí sí hay unos intereses disfrazados de ideologías, que son intereses criminales”.

En cuanto a la posibilidad de usar otras alternativas, el consultor señaló que hay otros mecanismos como la erradicación terrestre forzosa o coordinada u otro tipo de herbicidas que se pueden utilizar, pero “evidentemente, estamos hablando del glifosato como la estrella comprobada de la reducción de cultivos ilícitos”.

Cambio de estrategia

Por su parte, el exconsejero presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, Armando Borrero, aseguró que es probable como hipótesis que la Corte se aferre a su anterior decisión que se funda en que el glifosato afecta la salud.

“No creo que el glifosato sea tan malo para la salud, creo que buena parte de los problemas de salud que hay en las zonas cocaleras, es por el mal uso de otros herbicidas y fungicidas que utilizan de una forma muy anti-técnica y además, almacenan en las casas”, dijo.

Al igual que Marulanda, recalcó que el glifosato se usa “extensamente” en el mundo. “Es una molécula vegetal y es biodegradable, a los tres o cuatro días el glifosato ya no está”.

Sin embargo, enfatizó en que “la fumigación es una estrategia que se ha utilizado mucho en Colombia y nunca ha funcionado, nunca ha servido”, porque, aunque logró bajar las extensiones sembradas, estas aumentaron de inmediato en los cultivos en Perú y Bolivia.

“Yo creo que hay que pensar en una estrategia nueva contra el narcotráfico, hay que aceptar su existencia y quitarle los fundamentos al negocio para que se desmonte la criminalidad asociada. Habría que replantear todo en el tema del combate al narcotráfico. El problema complejo es que Colombia no lo puede hacer por sí sola, tiene que ser una estrategia global”, agregó.

De acuerdo con Marulanda, si la Corte Constitucional llega a darle vía libre de nuevo al uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, “puede generar un problema social muy grave en las zonas cocaleras”.

Razón por la que señaló que, la solución debe ir acompañada de la construcción de infraestructura, de asistencia técnica al campesinado y de crédito, porque “el campo colombiano tiene muchos motivos de crisis y que son los que son motores del cultivo de coca y de marihuana”.

Mientras que para el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, el problema de permitir el uso de este mecanismo, es que “el glifosato es un veneno realmente muy dañino; creo que realmente sería una irresponsabilidad desde todo punto de vista hacer aspersión aérea, así ella sea hecha con drones, de forma específica, creo que pone en riesgo la salud de los seres humanos”.

Según el parlamentario, lo que debería hacer la Corte Constitucional es “hacerles honor a los derechos fundamentales y a los derechos humanos colombianos, antes que a los intereses de quienes venden el glifosato, que hacen parte del gremio que es representado por el propio Ministro de Defensa”.

Según el legislador, el Gobierno todavía no ha aportado las pruebas que justifiquen que la Corte Constitucional quite la prohibición existente de la aspersión aérea con glifosato. “Mientras no lo haga, la Corte Constitucional de ninguna manera debería levantar esa prohibición”, afirmó.

Dijo además, que es necesario que el Gobierno busque otras alternativas, porque tiene una   responsabilidad de seguir dando la lucha contra las drogas sin escudarse en el hecho de que no puede utilizar técnicas como la aspersión aérea para justificar el crecimiento de los cultivos ilícitos en nuestro país.

“Es su deber hacerlo pero dentro del marco de los derechos humanos y de las garantías de la salud de todos los colombianos, por supuesto que tiene que buscar alternativas que garanticen los derechos y que sean efectivas contra los cultivos ilícitos”, concluyó.

Evaluación de la Corte

Según el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, en el marco del cumplimiento de la sentencia T 236 de 2017, es necesario convocar una audiencia pública para que la Corte evalúe si el Gobierno cumple con lo ordenado para no afectar ni la salud ni el medio ambiente en territorios en donde se realicen estas actividades.

La audiencia pública esta programa para este mes, pero aún no se conoce la fecha en la que se hará. Allí, los representantes del Gobierno expresarán la justificación sobre este mecanismo para reanudar las aspersiones aéreas en Colombia.