La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó ayer un nuevo paquete de medidas estructurales frente a la corrupción, que incluyen la regulación del cabildeo o lobby en Bogotá y la racionalización de trámites, donde se hará especial seguimiento a los que tienen un mayor riesgo de soborno, entre otros.

“El que nada debe nada teme. No tenemos compromisos de ningún tipo, con ningún privado, con ningún particular y con ningún contratista. Llegamos hasta aquí en un proceso absolutamente transparente y riguroso de mano de la ciudadanía y por lo tanto, estamos con las manos libres, con la frente en alto, ajenos a cualquier interés particular.

Gracias a esa libertad que nos hemos ganado con una trayectoria ciudadana limpia, podemos hoy convocar a la ciudadanía y a los organismos de control nacional y local, para que entre todos hagamos de manera previa, un proceso de garantías para que la ciudadanía tenga la mayor transparencia e incidencia en las políticas públicas”, comenzó diciendo la alcaldesa Claudia López, quien añadió que ahora más que nunca hay que cuidar los recursos públicos y sagrados, pues son un esfuerzo enorme que hace cada ciudadano por cumplir con sus impuestos en medio de la pandemia.

De esta manera, Bogotá se convierte en pionera en liderar una serie de medidas para prevenir acciones que dañen el patrimonio público o incumplan las normas de transparencia, acceso a la información e integridad.

Acciones coordinadas

Así mismo, este proyecto busca que las entidades del Distrito trabajen coordinadamente para hacer seguimiento a la información pública de su equipo de colaboradores, especialmente, en el nivel directivo con relación a cambios en su patrimonio. Además, los ciudadanos conocerían quiénes hacen gestiones ante los despachos públicos y para qué.

Otra de las medidas anunciadas por la Alcaldesa es que serían públicas las decisiones que se tomen en el marco de las instancias de coordinación y espacios de gobierno corporativo, sobre temas estratégicos para la ciudad. Además, los contratos tendrían cláusulas y compromisos de integridad entre los proponentes y el Distrito de no otorgar dádivas ni beneficios a los servidores.

En materia de racionalización de trámites, este proyecto le apuesta a identificarlos, a la vez de regulaciones innecesarias o que puedan eliminarse, donde se haría especial seguimiento a los de mayor exposición a riesgo de soborno, para los cuales se establecerá un seguimiento que permita aplicar controles efectivos para su prevención.

Por su parte, con relación a las denuncias ciudadanas se establecerá una estrategia de protección y un mejoramiento al esquema de seguimiento, donde cada seis meses las entidades deberán dar a conocer el estado de las mismas y las acciones implementadas. Todas las entidades del Distrito deberán trabajar coordinadamente bajo parámetros específicos, uniformes y organizados que permitan el intercambio de información en línea para la toma de decisiones.

Este paquete de medidas le permitiría al ciudadano encontrar la información más fácil para ejercer su control, así como a la Administración Distrital adaptarse y virar hacia un nuevo gobierno abierto que marcará un nuevo relacionamiento con los bogotanos, cerrándole el cerco a la corrupción.

El proyecto de decreto que a partir de hoy puede ser consultado por la ciudadanía para sus observaciones, fue presentado por la Mandataria de la ciudad en la instalación oficial del Comité de Transparencia e Integridad para la ejecución de los proyectos estratégicos del Distrito. Estará publicado en la página web Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde los ciudadanos podrán hacer sus observaciones antes de su firma, el 18 de agosto, en el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción.

Por último, la alcaldesa López, en el marco del anuncio de estas medidas, hizo la instalación oficial del Comité de Transparencia e Integridad para la ejecución de los proyectos estratégicos del Distrito que fue presentado en la firma del Plan de Desarrollo.

Este comité establecerá criterios de transparencia, eficiencia y pertinencia, especialmente, con las contrataciones que se ejecuten por la vía de la urgencia manifiesta y contratación directa que se regirán por cuatro principios -transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva-.