Tres hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos encontró la Contraloría en una auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Asimismo, el ente de control advirtió preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva y una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.

Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó:

“ORDENAR al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.

De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral

No hay reparación pronta y oportuna para las comunidades étnicas con tratamiento especial

En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.

En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados. El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planea Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, que ya se había afectado con el daño colectivo.

La Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente.