Tres días completa la huelga de hambre que, para exigir el nombramiento de un Alcalde en Santa Marta que sea del mismo movimiento político del mandatario suspendido, adelantan 11 altos funcionarios distritales.

Según los secretarios, el Gobierno no ha cumplido con el nombramiento de un Alcalde del movimiento político Fuerza Ciudadana, organización que avaló al suspendido burgomaestre Rafael Martínez.

El mecanismo de presión busca que el presidente Iván Duque escoja de la terna presentada el 22 de marzo a quien le corresponda asumir las riendas del distrito hasta el 31 de diciembre o hasta que la justicia le permita a Martínez regresar al cargo.

La terna está integrada por Ingris Padilla, Luis Guillermo Rubio y Adolfo Torné.

Sin embargo, Duque decidió nombrar el 30 de marzo al secretario de Transparencia, Andrés Rugeles, como alcalde encargado de Santa Marta.

Dicen los huelguistas que una de las primeras decisiones de Rugeles fue sacar a siete secretarios y, a su juicio, “entregarle beneficios a los clanes políticos de la costa, opositores de la actual administración”.

Martínez tiene casa por cárcel mientras está vinculado a una investigación por celebración indebida de contratos y espera un fallo que defina su futuro.

El grupo de huelguistas es liderado por la gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar), Ingrid Aguirre, y en ella participan los secretarios de Gobierno (Adolfo Bula), Promoción Social (Andrés Correa), Cultura (Diana Viveros), Movilidad (Ernesto Castro) y Salud (Julio Salas), así como los altos consejeros para la Sierra Nevada y Zona Rural (Raúl Pacheco) y para la Paz (Anabel Zúñiga), el subsecretario de Desarrollo Rural (Rafael de Lavalle) y el director del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), Wilson Rodríguez.

Ayer por la mañana, los manifestantes denunciaron que Zúñiga se desmayó durante el desarrollo de la protesta.

El suspendido alcalde Martínez sostuvo que la manifestación tiene como fin “defender el mandato popular”.

Luis Guillermo Rubio, gerente del sistema estratégico de transporte público, aseguró que el jueves se reunieron con el alcalde encargado Rugeles quien solicitó el desalojo del salón en donde se realiza la manifestación. “Nosotros llamamos a la Personería Distrital y la Defensoría para que nos garanticen la integridad y los derechos a la libre protesta”, dijo.

Rubio expresó que dicha manifestación no ha generado traumatismos en el desarrollo de la administración distrital.

“Todos estamos trabajando en las distintas secretarías, pero hoy el secretario general Emilio Castro impartió la orden de evacuar el edificio para justificar una supuesta insubsistencia en el cargo”, declaró Rubio.

No obstante, Rugeles alegó en redes sociales que se han respetado los derechos de los manifestantes, pero “se ha solicitado el cumplimiento por parte de dichas personas de las obligaciones que se derivan de sus cargos. En la tarde de hoy se ha pedido la utilización del espacio del salón blanco donde se encuentran, toda vez que existen compromisos y acciones en el mismo inherentes a la administración”.