Todo apunta a que la decisión que debe tomar la plenaria del Senado de la República sobre si archiva el caso o acusa ante la Corte Suprema de Justicia al magistrado de esa corporación judicial, Gustavo Malo, por supuestamente hacer parte del ‘Cartel de la Toga’, una red que habría vendido fallos favorables a políticos, se quedará en suspenso hasta marzo de 2019, cuando el Congreso retorne a sesiones.

Este miércoles no se le dio debate al informe de la comisión de instrucción, la cual acoge la acusación que en abril pasado radicó contra el togado la Cámara de Representantes por cinco delitos.

Esta semana la comisión de instrucción que designó la presidencia del Senado para que se ocupara de estudiar la acusación contra Malo que presentó la Cámara, radicó un informe en el cual acoge esa decisión y por ello recomienda enviar el caso a la Corte Suprema para su juzgamiento.
En el documento se dice que “existen indicios y testimonios que señalan la posibilidad” de que el magistrado Malo tenga "responsabilidad individual y compartida” en cinco delitos: cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
Este informe fue anunciado en la plenaria del Senado del pasado martes con el propósito de que fuera debatido este miércoles, pero no fue así. Como consecuencia el tema queda para la próxima semana, que precisamente es la última de este período legislativo, cuando el pleno de la corporación tiene que ocuparse de un asunto que no da espera, como es la ley de financiamiento.

En ese escenario parece poco probable que la plenaria del Senado alcance a tomar una decisión sobre la suerte del magistrado Malo, pues el debate sobre el informe acusatorio de la comisión de instrucción podría durar más de una sesión. Además se espera que se le dé la oportunidad al togado de participar para que se defienda de estos señalamientos.

El único antecedente que existe de un magistrado que fue desaforado por la plenaria del Senado, acogiendo el dictamen de la Cámara, es Jorge Pretelt, porque supuestamente solicitó $500 millones a la firma Fidupetrol para favorecerla en un fallo de tutela.

En agosto de 2016 la plenaria del Senado acusó a Pretelt ante la Corte Suprema por el delito de concusión, pero esta decisión se dio después de tres días de arduos debates, en uno de los cuales se le dio al entonces togado la oportunidad de defenderse ante el pleno de la corporación legislativa.

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Los señalamientos

El megaescándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema estalló el 17 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Martínez anunció que compulsó copias a este Tribunal con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios.

La presunta olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la DEA a conversaciones que sostuvieron en Estados Unidos meses antes el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al exmandatario regional.

En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte Suprema.

A partir de allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte Suprema a los entonces senadores Hernán Andrade (luego archivada) y Musa Besaile así como al exsenador conservador Luis Alfredo Ramos. En la Comisión de Acusación de la Cámara a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos y al magistrado Malo Fernández. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, entre otros.

De acuerdo con la Cámara, Malo incurrió en una serie de delitos al "hacer parte de una empresa criminal que claramente tenía cada una de sus tareas definidas. Malo era quien tenía la mejor posición para favorecer ilegalmente a estos aforados (que hace referencia a los ex senadores Mussa Besaile y Álvaro Ashton) en los procesos que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Existió el pago de $2.600 millones por dos procesos, por el de Álvaro Ashton $600 millones y por el de Musa Besaile $2.000 millones. Además, el Magistrado utilizó indebidamente la información de estos procesos, sometidos a reserva sumarial, para sacar provecho".