La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que autoriza la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales protectoras-productoras y que hace parte integral de los acuerdos de paz.

El articulado, tramitado con mensaje de urgencia, todavía espera aprobación de la plenaria del Senado.

La iniciativa, considerada por algunos congresistas como la piedra angular de los acuerdos de La Habana, por el tema de tierras, permite que con el uso adecuado de los suelos forestales del país, incluidos en las zonas de reserva forestal, continúe la oferta de servicios ecosistémicos “para el desarrollo sostenible de los territorios dentro y fuera de dichas figuras de reserva”.

También estipula que las comunidades pueden acceder a la propiedad de la tierra y realizar sus actividades de manera armónica a la vocación y aptitud del territorio, permitiendo el desarrollo sostenible del país.

El proyecto, calificado por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, como de gran calado, “persigue cumplir con los acuerdos de paz como un compromiso que se tiene con la población más vulnerable y golpeada por el conflicto”. El documento recibió el respaldo de 71 congresistas, al tiempo que 25 no lo apoyaron.

La iniciativa cuenta con nueve artículos, de los cuales los siete primeros tienen proposiciones que suprimen o agregan algunas disposiciones. Incluso algunas de estas a última hora quedaron solo como constancias.

El ministro Murillo hizo una rápida exposición sobre los alcances del proyecto y precisó que no requería del proceso de consulta previa, como lo habían preguntado algunos legisladores.

Aclaró que las comunidades que habitan estas zonas de reserva deben de llevar no menos de cinco años en el sitio y que pueden acceder a tres millones de hectáreas, familias a las cuales se les garantizará apoyo en procesos de conservación, desarrollo forestal y negocios verdes.

El representante Jaime Buenahora, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que “este es un proyecto importante siempre y cuando lo encajemos dentro de la realidad colombiana. No toca para nada la tenencia tradicional de la tierra, sino que acude a una reserva dueña de nadie”.

El proyecto, que en su momento fue discutido y aprobado por las comisiones quintas de Cámara y Senado, crea la habilitación de adjudicación u otorgamiento de uso de baldíos y ordenamiento de las áreas de reserva forestal, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Igualmente determina que la adjudicación u otorgamiento del uso de las tierras será para los campesinos y trabajadores con vocación agraria sin tierra o con ella, “priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, que a la fecha de expedición de esta ley, lleven ocupando y explotando los predios con una antelación igual o mayor a 5 años”.