Ante la posibilidad de que Thomas Greg & Sons salga victorioso en su demanda contra el Estado por la licitación de pasaportes, la Contraloría de la República anunció acciones contundentes en caso de un fallo judicial favorable a la empresa, incluyendo medidas de responsabilidad fiscal, incluyendo el embargo de bienes.

El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, subrayó la obligatoriedad de la Contraloría de iniciar un proceso de responsabilidad fiscal en caso de que un juez dicte un fallo favorable a Thomas Greg & Sons. "Una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. De manera inmediata se deben iniciar medidas cautelares contra los involucrados o responsables por haberle causado un daño al patrimonio", afirmó.

La situación se complica aún más con la licitación declarada desierta en septiembre, lo que llevó a la demanda de Thomas Greg & Sons por 117.000 millones de pesos. A pesar de la etapa inicial del proceso judicial, la Contraloría ya está evaluando posibles escenarios.

"En caso contrario, una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal" advierte Zuluaga, destacando que esta acción podría resultar en el embargo de cuentas y bienes de los responsables, incluido el canciller Álvaro Leyva.

El vicecontralor también señaló que el proceso podría extenderse por un período de cinco a diez años, planteando interrogantes sobre la responsabilidad financiera a largo plazo y la posible carga para futuros gobiernos.

En relación con el canciller Leyva, figura central en este caso, Zuluaga fue claro: "Una vez se apertura el proceso, se embargan cuentas y bienes de los involucrados, de las personas responsables, del Canciller (Álvaro Leyva) y de quienes estuvieron a cargo de esas decisiones."