Se atenderán requerimientos de 2.927 familias vinculadas al programa: Archila

A que no se debilitará el Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS) y agregó que donde exista el programa no habrá aspersión con glifosato se comprometió en el Catatumbo el consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila.

En esa región de Norte de Santander el funcionario también aseguró categóricamente que el Gobierno cumplirá todos los compromisos.

Según dijo, el ejecutivo ha tomado las medidas administrativas y fiscales necesarias para atender los requerimientos de las 2.927 familias vinculadas al programa en Tibú y Sardinata, para lo cual se asignaron $12.461,7 millones que permitirán atender en el segundo semestre de este año.

“En la política de paz con legalidad, lanzada por el gobierno para agilizar la estabilización de los territorios vulnerables, se establecen criterios precisos que van aún más allá de los acuerdos de paz, para atender las necesidades de millones de personas que por muchos años han sido marginadas del desarrollo, de los recursos y de las oportunidades”, dijo.

Según el Consejero hay una genuina voluntad del gobierno frente a aquellas personas que hayan dado el paso definitivo hacia la legalidad. Además, se comprometió a que las autoridades no harán aspersión en las zonas donde operen los programas de sustitución voluntaria de cultivos.

El funcionario dijo que, en agosto, la nueva administración recibió el programa con serios desajustes financieros y administrativos, con promesas e indicadores imposibles de cumplir en los tiempos estimados.

El Consejero sostuvo que en junio de 2017 inició la ruta de intervención del programa de Sustitución con 553 familias del municipio de Tibú, pero “este Gobierno encontró el programa sin planeación ni recursos que garantizaran el cumplimiento de los compromisos y obligaciones pactados con las familias. Se hicieron todos los ajustes operativos, de planeación y la gestión de los recursos para dar cumplimiento a lo pactado, ha incrementado los recursos del Plan de Atención Inmediata para beneficiar a 2.374 nuevas familias, que habían sido vinculadas en el Gobierno pasado y no habían iniciado su proceso”.

Según dijo, a julio de 2019, el programa tiene un total de 2.927 familias en los municipios de Tibú y Sardinata, de las cuales, el 67,7% son cultivadoras, el 8% son no cultivadoras y el 24,3% restante, recolectoras.

“En los primeros 10 meses del Gobierno, se han recursos para estas familias por $9.411 millones: En Tibú, 553 familias recibieron seis ciclos de pago de Asistencia Alimentaria Inmediata y el servicio de Asistencia Técnica Integral, con una inversión total de $7.418,8 millones. En Auto Sostenimiento y Seguridad Alimentaria, se han establecido proyectos por valor de $1.130,5 millones a familias del mismo municipio y 60 familias más han recibido semillas de Agrosavia, para cultivos de caña y piña (8) y de cacao (52)”, dijo.

Archila sostuvo que para este segundo semestre hay recursos por valor de $12.461,7 millones, para continuar con la ruta de atención, “$2.016 millones, para pagos de Asistencia Alimentaria a 1.483 familias de Tibú y 236 familias de Sardinata. $8.085 millones, para el desarrollo de proyectos productivos de ciclo corto y largo de 553 familias, y, $117,1 millones, para proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria”.

Según el consejero hasta la fecha se han atendido al 75,6% de las familias cultivadoras y no cultivadoras con Asistencia Alimentaria Inmediata; el 24,3% de estas familias ha terminado o está recibiendo el servicio de asistencia Técnica y el 75,7% lo iniciará en este segundo semestre; los 125 gestores comunitarios antes recolectores validados se encuentran vinculados a actividades de interés.

La Consejería presentó el pasado 17 de julio presentó en 14 regiones del país (Nariño, Antioquia, Córdoba, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Meta, Valle, Arauca, Putumayo Cauca, Guaviare y Caquetá) que busca reforzar las medidas de seguridad de los líderes del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en todo el territorio nacional.

“Para nosotros lo más importante es la vida de los líderes. No ahorraremos esfuerzo alguno para garantizar su seguridad, al igual que la de todos los colombianos”, dijo Archila en su momento.

Dicho plan busca la construcción de rutas de atención y reacción, con acciones que permitan reducir la vulnerabilidad y riesgos de las comunidades PNIS y priorizar los casos de amenazas con respaldo de las Fuerzas Armadas, autoridades locales como Alcaldías y Gobernaciones, Unidad de Protección de Víctimas, Fiscalía y Defensoría