En pocas horas, el exministro pasó de la agonía de la extradición a la esperanza de quedarse en Estados Unidos

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Entre la agonía y la esperanza. Así vive sus días el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leyva en una prisión federal de Miami, en Estados Unidos, a la espera de que llegue el 14 de marzo, fecha límite que puso la Corte de Apelaciones para que la Corte del Distrito Sur de La Florida decida si autoriza o no su extradición a Colombia.

En varias ocasiones la misma Corte ya le ha negado la libertad condicional bajo fianza a Arias para que se defienda en libertad, argumentando que existe “riesgo de fuga”.

La justicia estadounidense se basa en su salida del país pocos días antes de ser sentenciado en septiembre de 2014 por la Corte Suprema de Justicia a 17 años y cinco meses de prisión y el pago de 50 mil salarios mínimos, tras hallarlo responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y peculado en favor de terceros en el escándalo de corrupción por los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

En su defensa ha salido lo más granado del uribismo, comenzando por su propio jefe, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien en diciembre pasado salió en defensa de Arias, pero el juez no tuvo en cuenta su testimonio por no ser “oficial”.  

También lo hizo el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Francisco Santos, lo que le valió un llamado de atención de la Cancillería, pues el diplomático dijo que la carta que envió al juez pidiendo la libertad de Arias Leyva fue “a título personal”.

Con todo, el viejo adagio de que ‘la esperanza es lo último que se pierde’, sí que cobra vigencia ahora en el caso del exministro de Agricultura.

El viernes pasado el Departamento de Estado notificó a la defensa de Arias que con base en la Constitución y las leyes de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que el tratado de extradición con Colombia “está vigente”, no se va a oponer a la extradición de Arias Leyva.

De inmediato, sus abogados radicaron un recurso de súplica con mensaje de urgencias ante la Corte de Apelaciones, último recurso jurídico que le queda en ese país. Ya para el 14 de marzo estaba programada la audiencia final en la que su defensa tratará de convencer a los tres jueces de la inocencia del excandidato presidencial.

El recurso prosperó, y la Corte de Apelaciones consideró, pocas horas después, que esa audiencia debe cumplirse con la presencia del exministro. Es decir, las tres semanas que restan para ese día son para Arias Leyva y su familia luz de esperanza o señal de agonía.

Tsunami político

La suerte jurídica del exministro de Agricultura es una verdadera ‘papa caliente’ para el Centro Democrático por todo lo que significa Arias: era el ‘consentido’ del expresidente Uribe y su más seguro sucesor antes del escándalo de AIS, pero además es el más valioso alfil del uribismo más radical.

En alguna oportunidad, siendo candidato presidencial, Iván Duque calificó de “injusta” la condena contra Arias, y dijo que haría por él “todo lo que pueda”, pero que de ganar la Presidencia tendría que respetar la Constitución y las leyes, como lo ha hecho.

Duque, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre la suerte del exministro. Solo su canciller, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el Gobierno colombiano “no ha recibido ninguna notificación oficial”, sobre la extradición de Arias.

La otra consideración que tiene cavilando a Duque es que el exprocurador Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó a Arias por 16 años, es hoy su embajador ante la OEA. Y quien lo acusó como Fiscal General ante la Corte Suprema de Justicia, fue Vivianne Morales, hoy su embajadora en Francia.

Entonces, ¿cómo hará el Presidente para ayudar al bastión uribista sin pasar por encima de dos de sus funcionarios?

Significa que, en adelante, cualquier posibilidad que lo pueda favorecer tendrá que venir del Legislativo, pues hace dos semanas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se negó a revisar su sentencia, argumentando que la doble instancia para aforados constitucionales comenzó a regir apenas el año pasado.

Significa que, a pesar de que en  noviembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió a Colombia que le “garantice la segunda instancia a Arias”, esta recomendación ya no está en manos del Ejecutivo.

La Corte Suprema consideró que se necesita de una reforma constitucional “para suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del exministro y para crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La ‘reforma Arias’

Lo que viene ahora es la posibilidad de que el uribismo presente un acto legislativo con nombre propio –Andrés Felipe Arias-, algo que se ve viable en lo político pero sin mucho futuro jurídico.

“Una reforma constitucional con nombre propio para resolver el problema de una sola persona, no tiene futuro, tendría que ser general y que pudiera tener retroactividad para todos los casos”, considera el analista John Mario González.

El catedrático sostiene que si Arias es extraditado a Colombia, el tema polarizará al país: la mitad de la gente pedirá un salvavidas para el exministro, la otra mitad presionará a la Corte Suprema para que revise su propia jurisprudencia.

“La sociedad se va a dividir entre quienes consideran injusta una pena de 17 años a un hombre de tales calidades que no se apropió de un peso, y otros que por delitos atroces y de lesa humanidad reciben mínimas sanciones”, señala González.

Par el analista, la Corte se equivocó al no concederle la segunda instancia al exministro de Agricultura: “La retroactividad se aplica si es favorable a un detenido, es un principio universal del derecho penal que aquí no se está cumpliendo”, asegura.

Para González, la sentencia contra Andrés Felipe Arias tiene más de político que de jurídico. “Es claro que la Corte Suprema de Justicia estaba enervada por la persecución que le hizo el gobierno Uribe. Hoy sus magistrados tienen la posibilidad de superar esa página y actuar con magnanimidad. Eso está por verse”, concluye.