EL TRIBUNAL Administrativo de Cundinamarca admitió -para su estudio- una demanda presentada por la firma Thomas Greg & Sons, a través de la Unidad Temporal Pasaportes 2023, en contra de la Cancillería y el Fondo Rotatorio de esa entidad, por los problemas vinculados a la adjudicación de contratos de pasaportes.

La acción judicial: la multinacional demanda 115 mil millones de pesos, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de su titular Álvaro Leyva, hoy suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría General de la Nación, declarara desierto el proceso de licitación.

Como se sabe, esta es la segunda vez que dicha demanda es presentada por la Unidad Temporal. La primera fue inadmitida el 27 de febrero de 2024, debido a la resolución 1394, expedida por el entonces secretario general de Cancillería, José Antonio Salazar, que revocaba la medida anterior y daba continuidad al proceso de adjudicación.

“Con ocasión de la petición radicada el 5 de marzo de 2024 por la Unión Temporal Pasaportes 2023 ante el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para obtener la suscripción del contrato, dicho fondo no accedió por considerar que la decisión de revocar las resoluciones que aquí se controvierten, adoptada con posterioridad a la competencia asumida por esta jurisdicción”, manifestaron los demandantes.

A través del fallo de admisión, se supo que “el despacho repondrá la decisión cuestionada porque encuentra que con las precisiones realizadas por el recurrente para justificar sus razones sobre la procedencia de la demanda y del eventual restablecimiento del derecho se cumple el requisito legal sobre los hechos y fundamentos (artículo 162 numerales 3 y 4 C.P.A.C.A.). Máxime si se tiene en cuenta la manifestación de la entidad sobre la intención de retrotraer la vigencia de las resoluciones 7485 y 7540 del 13 y 14 de septiembre de 2023, que son objeto de este proceso”.

Decisión polémica

El caso de la adjudicación de pasaporte ha generado una polémica mayor en el país. Por esta situación, la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses de su cargo al canciller Álvaro Leyva, razón por la que se encuentra ocupando el puesto en calidad de encargado, Luis Gilberto Murillo.

Además de eso, ha sido sometido a un juicio disciplinario, cuya fecha de reanudación es el 11 de este mes.

En enero de este año, cuando se conoció la decisión del Ministerio Público, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por -supuestamente- decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

La medida de suspensión fue confirmada en febrero, al conocerse que Leyva seguía ejerciendo sus funciones. Es que tras la determinación del ente de control disciplinario, el hoy suspendido canciller seguía firmando nombramientos y resoluciones importantes para el país.

En aquella oportunidad, la Procuraduría sostuvo que “la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa”.

Asimismo, ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata.