Otro líder fue asesinado en el municipio de Toribio. Presidente Duque viajó al departamento para adelantar consejo de seguridad

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La violencia en el departamento del Cauca tiende a agravarse. Durante el fin de semana, el líder indígena Jesús Mestizo, uno de los más representativos miembros de los llamados Avelinos, fue asesinado y dos personas más resultaron heridas. De acuerdo con la Organización Indígena de Colombia (ONIC), los hechos ocurrieron en el municipio de Toribío.

“La situación en el Cauca se recrudece: autoridades del CRIC confirman el asesinato del comunero Jesús Mestizo hace pocas horas en Toribío”, afirmó en su cuenta de Twitter la ONIC.

El líder indígena fue asesinado cuando desconocidos lo esperaban cerca de su casa y le dispararon varias veces, ocasionándole la muerte de forma inmediata.

La ONIC también informó del atentado contra el coordinador de la Guardia Indígena de Tacueyó, Arbey Noscué, quien salió ileso.

En la última semana al menos 15 personas, en su mayoría miembros de la guardia y comunidades indígenas, han sido asesinadas.

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Ayer, en Popayán, tras un Consejo de Seguridad, junto al ministro de Defensa, Guillermo Botero, la cúpula de la Fuerza Pública, el gobernador y otras autoridades del Cauca, el presidente Iván Duque reafirmó el firme compromiso de su gobierno con la protección de las comunidades indígenas del Cauca, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias por los casos de violencia que se han presentado en las últimas semanas.

Duque anunció un paquete de iniciativas sociales. "Consideramos que esta visión integral del Estado, seguridad y justicia, debe ir de la mano con toda esta inversión social, para que nosotros podamos derrotar el fenómeno del narcotráfico, que es el que ha servido de combustible para que grupos como la Jaime Martínez o la Dagoberto Ramos, intimiden o pretendan intimidar a la población", dijo, afirmando que las medidas, cuyo costo no precisó, incluyen proyectos de impacto en 17 municipios, apoyo a jóvenes en materia de educación y sostenimiento (se espera llegar a 9.000 jóvenes), la aceleración y aprobación de emprendimientos, así como el fortalecimiento de programas con población desplazada, entre otras; también, anunció su “deseo de afianzar y seguir mejorando los programas para 207.000 familias a través del programa Familias en Acción, del Departamento de Prosperidad Social, que entrega una ayuda económica a todas aquellas familias en la pobreza y pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes.

Igualmente habló de otros programas en seguridad alimentaria, con los que espera beneficiar a 3.100 personas, al igual que proyectos de infraestructura vial, educación, desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación.

"Hoy quisimos adelantar una sesión de trabajo para darle cada vez más aceleración al Plan Social del Cauca, que hemos consolidado como gobierno desde el comienzo de nuestra administración para atender las necesidades del departamento”, indicó.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, fue el designado para coordinar las instituciones comprometidas en garantizar la aceleración del denominado Plan Social del Cauca.

“Quiero de nuevo reiterar, no solamente mi solidaridad, sino también mis plegarias, por las familias de las personas que han sido brutalmente asesinadas por el narcotráfico en este departamento”, aseguró el mandatario, al término de una sesión de trabajo de más de 4 horas, realizada en la capital del Cauca.

Enfatizó que “pueden tener la certeza todas las comunidades indígenas de que nosotros somos respetuosos de sus creencias y de su ancestralidad, pero que estamos, también, para protegerlos de todas estas amenazas, y no dejaremos de hacerlo en ningún momento”.

Duque señaló al narcotráfico como la actividad ilícita detrás de los recientes hechos de violencia e hizo un llamado a la unidad para fortalecer la lucha contra este flagelo.

“El narcotráfico es el mayor enemigo de nuestro país, el mayor enemigo de los líderes sociales, el mayor enemigo de los pueblos indígenas y, por eso, todos los colombianos tenemos que unirnos para enfrentar ese fenómeno”, recalcó.

Masacres

La semana pasada ante las dos masacres que dejaron 10 personas muertas, Duque ordenó el despliegue de 2.500 militares en esa localidad, con el fin de desarticular las redes delincuenciales.

El sábado fue hallado sin vida un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Fabián Rivera Penagos, jefe del esquema de seguridad de Bernardo Ciclos, líder indígena de la comunidad Nasa, según confirmaron las autoridades. Existen fuertes indicios que las disidencias de las Farc serían responsables de estos hechos.

En el informe preliminar, el escolta de la UNP fue sacado a la fuerza de la vivienda de su compañera sentimental días atrás, donde se encontraba desde hace varios días, ya que le habían concedido un permiso especial.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo indicó que Rivera Penagos habría sido secuestrado, al parecer, por dicho grupo criminal con amplio poder delictivo en el departamento del Cauca.

Posteriormente, el cuerpo del escolta fue hallado sin vida y con marcas de varios disparos en el sector de La Betulia, el mismo sitio donde se encontró el cuerpo de la también asesinada candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García.

De igual forma el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó el pasado sábado que un indígena de la comunidad Páez fue asesinado en zona rural del municipio de Toribío, en Cauca. La víctima fue identificada como Alex Vitonás Casamachín, un joven de 18 años que, al parecer, no revestía un rol de liderazgo.

De acuerdo con las autoridades indígenas, Vitonás fue atacado por sujetos armados en el sector de Loma Linda, cerca del corregimiento de Tacueyó.

Siete bases militares

Aída Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la ONIC, aseguró que en los territorios indígenas sí hay presencia de la Fuerza Pública, pero que esta no ha podido frenar los asesinatos de los aborígenes.

“Todo el mundo ha manifestado que son las autoridades las que no dejan entrar la Fuerza Pública, y resulta que, en el norte del Cauca, tenemos dentro de los territorios indígenas siete bases militares, pero los atentados han seguido, entonces no entiendo cuál es la protección del Gobierno nacional”, dijo a Caracol Radio.

“El mayor objetivo es doblegar a las comunidades. Los grupos armados obedecen a los grandes intereses de desarrollo económico del país, hablemos de la política extractiva minera, la política que se implementa en el país”, agregó.

 Pidió al Gobierno cumplir con las promesas que se hicieron en el marco de los Acuerdos de Paz. “Que se cumpla con las propuestas estructurales que han hecho en el marco del Acuerdo de Paz, que ponga recursos, que empiece a atender esa ausencia del Estado donde no han hecho presencia”, dijo.

A pesar que la sugerencia del defensor del Pueblo, Carlos Negret, cuenta con la aquiescencia del presidente Duque, no se ha podido implementar la estrategia Carpa Blanca para coordinar la respuesta institucional efectiva y oportuna en materia de prevención y protección de los pueblos indígenas y otros ciudadanos afectados en el Cauca por una espiral de violencia que en la última semana dejó una decena personas asesinadas por grupos violentos, presumiblemente por las disidencias de las Farc.

Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo regional del Cauca, Rossi Jair Muñoz, quien explicó que con la Carpa Blanca se busca que el Gobierno nacional, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, OEA, ONU y de otro lado las autoridades indígenas y la Guardia Indígena, “nos podamos reunir en un espacio donde podamos discutir todas las situaciones que se están presentando”.

Violencia sin fin

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, en enero un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) dio a conocer la incertidumbre que existía en la región sobre la presencia de nuevos grupos armados, cuya verdadera identidad sigue siendo difícil de establecer por su constante recambio interno.

En Suárez, al occidente de Toribío, acciones de estos grupos armados cobraron la vida en diciembre de seis personas (una mujer y cinco hombres), así como un número indeterminado de víctimas confinadas.

En aquel entonces, versiones de la comunidad y del Ejército Nacional apuntaron a que las acciones armadas contra la población se habrían presentado en medio de combates entre las disidencias de las Farc y ‘Los Pelusos’ (disidencia del Epl, guerrilla desmovilizada en los 90), información alarmante si se tiene en cuenta que en casi 30 años ese grupo estuvo circunscrito al Catatumbo (más de 500 kilómetros al norte). La FIP recogió dos interpretaciones sobre esa presencia. La primera se inclina por explicar que se trata de una campaña de ‘Los Pelusos’, pues habrían enviado apoyo logístico, organizacional y financiero para formar una estructura. Y la segunda –con más fuerza– cuenta que se trata de milicianos de las Farc que decidieron no participar del proceso de desmovilización y están usando la marca “Epl”, aun cuando no se descarta que en efecto tengan algún nivel de comunicación con este grupo para tener más relevancia política y social.

Para la FIP, más allá de las cifras, estos hechos dejan entrever que la transición en esta región del país, desde el punto de vista del recambio de los grupos armados tras el desmonte parcial de las Farc, deja muchas sombras y preguntas.