Ejecutivo ha dado algunas puntadas sobre los aspectos que tocará, uno de éstos sería la reparación administrativa a la que tienen derechos los afectados en el conflicto

_________________________________

Del 3 al 5 de marzo próximo se reunirá en Bogotá la Mesa Nacional de Víctimas en la cual esperan que el Gobierno les presente el proyecto por el cual se extenderá la Ley 1448 que las cobija, atendiendo un fallo de la Corte Constitucional en este sentido, pero que además aprovechará, según lo que ha anunciado, para hacer algunos ajustes a la norma.

En dicho encuentro el Ejecutivo destaparía sus cartas a las víctimas frente a este proyecto que espera radicar en el Congreso a  finales del presente mes.

Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, indicó a EL NUEVO SIGLO que “como víctimas integrantes de la Mesa Nacional hicimos el año pasado unos foros de carácter nacional, en los cuales trabajamos la posibilidad de la extensión y una posibilidad de reforma de algunos artículos. Después de esos  cuatro ejercicios, hicimos un ejercicio final en Bogotá, donde sacamos un documento y se lo presentamos a la Unidad de Víctimas, que en el caso de nosotros es quien está liderando la intención del Gobierno nacional de extender y reformar la Ley de Víctimas en algunos capítulos”.

Añadió que posteriormente tuvieron una primera  reunión con la Unidad de Víctimas, “donde nos presentó una matriz en donde se filtraron todas esas propuestas que se  hicieron en esos cuatro foros de carácter regional y revisamos eso que ellos nos presentaron. Hicimos algunas observaciones. Ahora viene un  nuevo paso que va a ser la presentación de una manera más amplia de lo que ya había trabajado la Unidad de Víctimas en la reunión de Mesa Nacional del 3 al 5 de marzo en Bogotá”.

Agregó Burgos que “una vez lo que nos presente la Unidad en el plenario nacional en marzo”, lo darán a conocer a las mesas departamentales, “que son nuestro conducto regular para que ellos vuelvan y opinen de lo que la Unidad de Víctimas nos presente como cosas que aceptaron, del ejercicio de nosotros, incluir en la reforma de la Ley de Víctimas”.

Indicó también el representante de las víctimas que hay varios temas acerca de la propuesta que les va a presentar el Gobierno sobre los que están especialmente pendientes, como es la “sustitución de tierras porque por supuesto estamos interesados en que la Unidad de Restitución de Tierras, con todas las dificultades que podamos hablar, se mantenga”. De igual forma “el tema de la indemnización administrativa también estamos muy pendientes”, resaltó

No obstante Burgos  acotó que “ellos tienen un compromiso con nosotros de que el proyecto va a ser de carácter progresivo, no se podrá intentar reformar algo que nos eche hacia atrás”.

En cuanto a las propuestas que las  víctimas hicieron a la administración Duque para ojalá ser incluidas en la reforma a la Ley 1448, Burgos dijo que “requerimos con carácter de urgencia cómo se va a tocar el tema de educación superior, que se da la educación pero no la superior. Siendo la educación un elemento tan importante como elemento de reparación para que las víctimas puedan  salir adelante”.

Concluyó  Burgos “consideramos que la Ley tiene unos vacíos, que se han visto reflejados en estos años, que hay que reformar, que hay que ajustar hacia el beneficio y no hacia atrás”.

La propuesta

Como se dijo el Gobierno no ha destapado sus cartas sobre lo que será la reforma a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, pues en cuanto a la extensión de la vigencia de la misma, que finalizará el próximo año, hay claridad de que sería por 10 años más.

No obstante en octubre pasado la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, dio algunas puntadas sobre lo que serían los ajustes, por ejemplo en el tema de la reparación administrativa, que en el registro que maneja la Unidad hay 8.944.137 víctimas.

Sobre el particular Correa dijo en esa oportunidad que “hay que aclarar si todas estas personas realmente se pueden declarar como víctimas. El desplazamiento puede venir de toda la vida o puede ser por una o dos horas, esas diferencias en el término de desplazamiento tiene que quedar en la nueva Ley porque hoy simplemente se define como hecho victimizante un desplazamiento en general”.

Mientras que en enero pasado la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, aseguró que el proyecto de renovación de la Ley 1448 acogerá propuestas de las víctimas.

Explicó “estuvimos reunidos con el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, trabajando en un proyecto de renovación de la Ley de Víctimas, que va en la línea de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte sobre la vigencia de la Ley y que acogerá las propuestas que las víctimas nos han planteado frente a los ajustes que debe tener esta política pública”.

Destacó Mesa que  desde la Unidad y el Gobierno, han sido enfáticos comentándoles a las víctimas que este proyecto “no será regresivo con sus derechos, que tendrá bajo sus principios la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad en el gasto y la buena aplicación de todas las medidas de asistencia y reparación”.

Agregó que los temas que se vienen trabajando en esta modificación se enfocan en atención inmediata y asistencia humanitaria, las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, reparación integral colectiva e individual, participación, prevención y protección, y retornos y reubicaciones, entre otros.

Fallo de la Corte

Luego de estudiar una demanda en la que se pedía la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2030, la Corte Constitucional determinó, por unanimidad, que esta sea extendida.

“La Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible, con efectos diferidos, el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011, art. 208”, señaló el alto Tribunal, exhortando además al Gobierno y al Congreso “para que antes de la expiración de la vigencia de la ley adopte decisiones que correspondan, en el marco de sus competencias, en relación con la prórroga o con la adopción de un régimen de protección de los derechos de las víctimas”.

De no hacerlo para la fecha de vencimiento de la norma, junio de 2021, la Corte indicó que se entenderá su vigencia hasta el 7 de agosto de 2030.

En octubre pasado se realizó una audiencia pública en donde escuchó a diferentes sectores en el marco de la demanda presentada por parte de dos exministros del anterior gobierno, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, y un par de abogados, quienes argumentaron en su acción que “no puede extinguirse por una disposición de mera temporalidad dispuesta en su origen, como quiera que la finalidad transicional que allí se estableció, que ahora está constitucionalizada, aún no se ha logrado, y que ninguna norma posterior ha mejorado, suplido o absorbido su oferta de garantías de reparación para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno que vivió el país”.