Se conocieron ayer algunos aspectos del borrador de un proyecto de ley en el que están trabajando parlamentarios del Pacto Histórico y expertos, con el fin de viabilizar la intención del Gobierno de que los GAO (Grupos Armados Organizados) abandonen su accionar criminal a cambio de unos beneficios penales. No obstante expertos advierten que podrían presentarse problemas por temas como la extradición porque Colombia ha suscrito acuerdos internacionales.

El presidente Petro ha manifestado su intención de alcanzar una paz total, luego de que se lograra la desmovilización de las Farc en 2017 por el acuerdo que esa entonces guerrilla firmó con la administración Santos, pero que de esa época a hoy se ha visto un recrudecimiento de la violencia en las regiones por la mayor presencia del Eln, las disidencias, el ‘Clan del Golfo’ y otros grupos de menor calado que se alimentan del narcotráfico y otras rentas criminales.

Según lo que ha explicado el canciller Álvaro Leyva, se proponen hacer una negociación política con el Eln, en tanto que con los GAO una negociación de tipo judicial, con estos últimos bajo la figura del acogimiento.

Hay un antecedente del sometimiento colectivo de grupos criminales a la justicia, que sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas. Para ello se expidió la Ley de Justicia y Paz, con la cual se sometieron más de 30 mil paramilitares.

Sin embargo, en esta oportunidad el Gobierno nacional está hablando de acudir para el proceso con los GAO a la figura del acogimiento, que permitiría discutir con estas organizaciones las condiciones de su entrega a la justicia.

Para ello se necesita una ley en la cual, como se dijo, ya se está trabajando por parte de los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda; el ex vicefiscal Jorge Perdomo y María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia.

El texto contempla tres condiciones para los grupos que busquen su acogimiento a la justicia: que sea una estructura organizada, que tenga control territorial y que tenga capacidad de hacer operaciones sostenidas contra la Fuerza Pública.  

Prevé penas alternativas de ocho años efectivos de cárcel para los máximos responsables de los GAO; en tanto que se podría renunciar a la acción penal contra los integrantes que no tuvieron mando y que no están comprometidos en delitos graves.

Además de acogerse a la justicia estas personas deben entregar bienes, dejar el narcotráfico y dar información sobre la participación de terceros y rutas.

Le puede interesar: Congreso elige contralor: Rodríguez, máximo favorito

Inconvenientes

El exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla le dijo a EL NUEVO SIGLO, sobre esta iniciativa de acogimiento a la justicia, que “con bandas dedicadas al narcotráfico como el Clan del Golfo y todos los que tienen relación con el Cártel de Sinaloa, habría que ver si se cumplen los requisitos que establece ahí. Si se cumplen podría haber unas penas benignas de ocho años para los máximos responsables e, incluso, cesación penal para los del común”.

Sin embargo, anotó que “eso tiene impactos políticos porque ¿Qué pasa si Estados Unidos solicita en extradición a una de esas cabezas?, ¿se les está prometiendo la no extradición? o ¿Estados Unidos va a avalar eso?”. 

Añadió Arrubla que “puede que lo avalen para los que tienen connotación política (Eln), pero no para los que están dedicados al narcotráfico”. 

Agregó el jurista: “Es que el Gobierno anunció que va a cambiar la política antidrogas, ¿pero eso sí lo puede hacer aisladamente?, ¿no tendrá que buscar un concierto previo con países con los que tenemos dentro de los puntos de la agenda la lucha contra la droga y contra el narcotráfico, y estamos comprometidos en una colaboración por el mecanismo de extradición? Creo que vamos muy deprisa y hay que decantar muchas cosas”.

Por su parte el ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar, también penalista, dijo que “el sometimiento es entregarse en la forma en que establece la ley y someterse necesariamente a las penas que en este momento existen para personas que cometen esa clase de delitos”.

En cambio, explicó, “acogimiento es poder  hacer la negociación con ellos para darles algunos beneficios, entiendo de penas alternativas, en la medida que ellos entreguen unas confesiones donde se establezca la verdad, la rutas y demás, con lo cual prometen dejar de cometer delitos”.

Sin embargo prevé que “lo difícil es que se entreguen todas estas bandas porque me parece que pueden quedar residuos que no cumplan con ninguna de las promesas que se realicen”.

No obstante, destacó Bernal que “en bien de la paz y siempre y cuando haya una mínima seguridad de una entrega mayoritaria de estos grupos, o al menos los dirigentes y que entreguen toda la información para que se acaben los delitos que cometen, especialmente el tráfico de drogas, por el bien del país pudieran tomarse las decisiones”.