En comunicación dirigida a la gerente general de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), la Procuraduría General de la Nación requirió de manera urgente e inmediata verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la invitación 001 de 2023 por $26.405.892.919, en aras de evitar interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de los oferentes, del comité evaluador y de quienes ejercen el control social.

El citado proceso contractual para seleccionar al contratista que llevará a cabo obras de acueducto y alcantarillado para los habitantes de las comunas 12 y 13, se adelantó por parte de la IBAL, dado que el 29 de diciembre de 2022 fue declarada desierta la Invitación 195 del 2022, según justificación de la empresa ibaguereña, porque el comité evaluador concluyó que el proponente, Unión Temporal Obras Hidráulicas, no acreditó el 100 por ciento de las exigencias técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. Hechos por los que el ente de control adelanta indagación previa.

Llama la atención de la Procuraduría que, a pesar de que las invitaciones 195 del 2022 y 001 de 2023 tienen el mismo objeto contractual y presupuesto, en esta última el comité evaluador habría desconocido disposiciones y requisitos de los términos de referencia y del cronograma establecido.

Entre otras posibles inconsistencias, la Entidad tuvo conocimiento que al evaluar la propuesta, el comité habría aceptado como válidas las subsanaciones publicadas en plataforma del Secop II por el Consorcio Abastecer 23 y el Consorcio PTAP MCJ 23, por fuera del plazo establecido.

De conformidad con las funciones preventivas y de control de gestión, el Ministerio Público recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas. De tal forma que la Procuraduría no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué puntualizó que, no obstante lo anterior, continúa con el seguimiento permanente a este proceso contractual que ha generado controversia en el municipio, y seguirá haciendo los requerimientos necesarios a la Administración municipal, para que se garantice el principio de transparencia.